El regreso de los virreyes
Édgar Ávila Pérez
En el año 2000, la derrota electoral del hegemónico PRI marcó una ruptura con las formas tradicionales de un sistema político presidencialista, vertical y centralizado que había dominado México durante décadas.
Durante los sexenios de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), ambos emanados del derechista Partido Acción Nacional, se transformaron las dinámicas del ejercicio del poder y la operación política, particularmente en los estados, donde comenzaron a surgir nuevos contrapesos, alianzas y formas de gobernabilidad.
Sin la figura presidencial emanada de las filas del PRI, decenas de gobernadores de ese partido quedaron momentáneamente a la deriva; sin embargo, la incertidumbre duró poco: supieron adaptarse con rapidez a las nuevas circunstancias y, como viejos lobos de mar, comenzaron a construir auténticos territorios feudales desde el poder estatal.
Gobernadores como Arturo Montiel en el Estado de México, Tomás Yarrington en Tamaulipas y Melquiades Morales Flores en Puebla, durante el sexenio foxista; y luego Fidel Herrera Beltrán en Veracruz, Roberto Borge Angulo en Quintana Roo, y hasta el propio Enrique Peña Nieto en Edomex durante la época calderonista, terminaron encabezando auténticos enclaves de poder político, electoral, social y económico.
Durante esos doce años de gobiernos del Partido Acción Nacional, los gobernadores del PRI adquirieron un poder político y financiero sin precedentes, al grado de convertirse en auténticos contrapesos del Poder Ejecutivo federal ante la falta de mayoría legislativa de los presidentes en turno; pero esa nueva correlación de fuerzas también exhibió el lado más oscuro del ejercicio del poder sin controles efectivos ni mecanismos reales de rendición de cuentas.
Hubo gobernadores que se erigieron como auténticos poderes absolutos: manejaron los recursos públicos a discreción, impulsaron políticas sin consensos, sofocaron a sus adversarios internos y utilizaron todo el aparato del Estado local para confrontar a sus enemigos externos; y, en varios casos, además, establecieron pactos ominosos con el crimen organizado para preservar su control político, electoral y territorial.
A más de una década de distancia, varios de esos escenarios parecen repetirse, aunque ahora con un ingrediente distinto: muchos gobernadores emanados de Morena han comenzado a asumir prácticas de control político con rasgos feudales, aun cuando el viejo modelo presidencialista priista terminó por reeditarse bajo el liderazgo de ese mismo movimiento.
En distintas regiones del país, algunos gobernadores concentran un poder casi absoluto, con prácticas que evocan formas de mando decimonónicas; mantienen líneas de gobierno autoritarias en la toma de decisiones, intimidan tanto a sus propios colaboradores como a sus adversarios políticos y electorales, e incluso extienden su influencia al control de posiciones y recursos federales.
Y lo hacen porque, aunque reconocen la existencia de un renovado sistema presidencialista —ejercido con toda su fuerza durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo—, también sienten que los cobija una impunidad difícil de tocar que, desde su óptica, se ha vuelto una constante dentro de la llamada Cuarta Transformación.
Sin embargo, estos gobernadores parecen pasar por alto una lección fundamental: muchos de sus antecesores durante la transición democrática que significó la llegada del PAN al poder no terminaron precisamente bien.
Con el tiempo, varios acabaron pagando las facturas sociales y electorales de sus excesos y, en algunos casos, incluso enfrentaron consecuencias legales y penales, porque —no olvidemos— el poder absoluto suele generar la ilusión de invulnerabilidad, pero tarde o temprano la realidad política termina por cobrar la cuenta.
