José Luis Ábalos, quien era mano derecha del presidente del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, tanto desde su nombramiento como ministro de Transportes –la cartera con mayor presupuesto gubernamental– como desde la Secretaría de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue condenado ayer a 24 años de cárcel por el Tribunal Supremo por los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
La sentencia, adoptada por unanimidad por la sala segunda del alto tribunal, también impuso al socialista Koldo García una condena de 19 años de prisión y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años de cárcel, con lo que este último vio sensiblemente reducida su pena tras haber colaborado con la justicia para esclarecer los hechos delictivos.
Ábalos y su mano derecha, Koldo García, son investigados en varios procesos judiciales, todos relacionados con graves casos de corrupción. Esta primera sentencia fue por la compraventa ilegal de millones de mascarillas durante la pandemia del covid-19, que sirvió para el enriquecimiento ilícito tanto de los acusados como de la trama empresarial corruptora.
El juicio fue largo y complejo, y en el mismo el empresario Víctor de Aldama fue clave para revelar las claves de la trama corrupta, de la que él formaba parte, pero gracias a su colaboración con la justicia ni siquiera entrara en prisión y sólo tendrá que presentar un informe semestral de actividades y hacer un año de trabajos en beneficio de la comunidad, ya que durante la investigación estuvo en prisión preventiva más de un año.
Los magistrados del Tribunal Supremo consideraron probados los delitos en la adjudicación del suministro de 13 millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama y la existencia de una organización criminal formada por los tres acusados, cuyo objetivo fue la comisión de graves delitos de corrupción.
Este relato coincide con lo expuesto por el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien en su escrito de acusación defendía que José Luis Ábalos favoreció a determinadas empresas para la concesión de contratos sanitarios a cambio de “una indebida compensación económica procedente de Víctor de Aldama, quien, a su vez, se benefició en términos económicos de las comisiones que le reportaba la realización del mencionado ilícito negocio”.
La presidencia del gobierno señaló en un comunicado: “somos un gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público. Nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada”.
El líder la oposición, el derechista Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), exigió un adelanto electoral. “La justicia ha hablado y ahora tiene que hablar la política. No cabe esconderse. Tras la sentencia, ¿qué más necesitan para retirarle el apoyo? No estamos hablando de un diputado o ministro cualquiera, sino del número dos del señor Sánchez. ¿A que haya tres sentencias, a que muchos más terminen en la cárcel? Es indecente que siga un minuto más en la presidencia, es insostenible para sus socios porque ningún ciudadano votó para esto”.
El PSOE señaló en un comunicado que se actuó “desde el primer minuto” y que hay que respetar las resoluciones judiciales. Recordó las ilegalidades del PP: “la corrupción también retrata a quienes actúan y a quienes miran hacia otro lado. Esa es la diferencia fundamental entre el PSOE y el PP. Nosotros actuamos. Ellos siguen en una sede en la que había caja B. El hipócrita de Feijóo ha venido a dar lecciones hoy no sabemos muy bien desde qué atalaya moral”.
Con información de Armando G. Tejeda, corresponsal de LA JORNADA
