Dos organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron una demanda contra el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para impugnar las sanciones impuestas contra la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que vulneran la libertad de expresión y obstaculizan la documentación de presuntas violaciones a los derechos humanos en los territorios palestinos.
Las organizaciones DAWN y Taxpayers Alliance Against Genocide promovieron el recurso ante un tribunal federal de Manhattan, donde argumentan que la orden ejecutiva firmada por Trump, dirigida contra la CPI por investigar posibles crímenes de guerra relacionados con el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, restringe de manera ilegal su trabajo.
De acuerdo con la demanda, las medidas impiden prestar o recibir servicios de personas y entidades sancionadas, lo que ha obligado a ambas organizaciones a suspender la elaboración de informes para la Corte, el intercambio de pruebas y análisis jurídicos con organizaciones palestinas sancionadas, así como la colaboración con la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese.
Omar Shakir, uno de los promotores del recurso, sostuvo que las sanciones buscan limitar la actividad de los defensores de los derechos humanos y proteger a funcionarios israelíes frente a investigaciones internacionales, además de afectar derechos constitucionales de ciudadanos estadounidenses.
La controversia se originó después de que la CPI emitiera en 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra relacionados con la ofensiva militar en Gaza. Tanto Estados Unidos como Israel desconocen la jurisdicción del tribunal al no formar parte de sus Estados miembros.
La demanda también surge tras las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien anunció que buscará fortalecer la campaña contra la CPI mediante nuevas sanciones, restricciones de viaje y un mayor escrutinio sobre los países que reconozcan la autoridad del tribunal.
Las organizaciones demandantes sostienen que las medidas generan un efecto de autocensura que limita la documentación y denuncia de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Con información de AP.
