Hora cero
Avanza proceso de desafuero contra dos alcaldes de MC
Luis Alberto Romero
El proceso para retirar el fuero a los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste avanzó en el Congreso de Veracruz, luego de que las comisiones legislativas correspondientes determinaran que existen elementos suficientes para dar continuidad a las solicitudes presentadas por la Fiscalía General del Estado.
Ambos ediles, postulados por Movimiento Ciudadano, son investigados por presuntos delitos relacionados con hechos de alto impacto ocurridos durante su administración.
Las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales analizaron la documentación enviada por la Fiscalía y concluyeron que se cumplen los requisitos legales para que el procedimiento continúe.
El expediente ya fue turnado a la Comisión Permanente Instructora, órgano que tendrá la responsabilidad de conducir la siguiente etapa del proceso.
A partir de ahora, los presidentes municipales serán notificados para que comparezcan y ejerzan su derecho de audiencia y defensa; posteriormente, la Comisión Instructora elaborará un dictamen que será sometido a consideración del Pleno del Congreso, instancia que decidirá si procede o no retirarles la inmunidad constitucional para que enfrenten las investigaciones sin la protección del cargo.
De acuerdo con la información disponible, el alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, es investigado por presuntos delitos relacionados con desaparición de personas, dentro de una carpeta integrada por la Fiscalía Especializada en la materia; en tanto, el presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, enfrenta señalamientos por hechos presuntamente vinculados con la privación ilegal de la libertad y el homicidio de una persona, investigaciones que también se encuentran en curso.
Aunque el procedimiento legislativo no implica una declaración de culpabilidad, sí representa un paso importante para determinar si existen las condiciones legales para que ambos funcionarios puedan ser procesados penalmente sin el fuero constitucional que actualmente poseen.
El caso también reavivó el debate sobre los procesos de selección de candidaturas realizados por Movimiento Ciudadano en las elecciones municipales de 2025; hay que recordar que desde hace más de un año, la gobernadora Rocío Nahle había advertido públicamente que ese partido había postulado a personas presuntamente vinculadas con grupos delictivos, declaraciones que en su momento generaron fuertes críticas y cuestionamientos políticos.
Con el avance de estos procedimientos, esas acusaciones han vuelto al centro de la discusión pública; diversos actores consideran que las investigaciones obligan a revisar los filtros aplicados por los partidos para elegir a quienes aspiran a cargos de elección popular, especialmente cuando se trata de responsabilidades que implican la seguridad y el bienestar de la población.
Por ahora, el proceso continúa en el ámbito legislativo y judicial; y mientras las investigaciones avanzan, ambos alcaldes conservan la presunción de inocencia y tendrán la oportunidad de presentar sus pruebas y argumentos. Al final, será el Congreso del Estado el que, en una etapa posterior, determine si procede retirarles el fuero para que las autoridades ministeriales continúen con las acciones legales correspondientes.
@luisromero85
