Xalapa, Ver.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Veracruz, Esteban Hernández Bautista, rechazó que exista una persecución política en contra de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos emanados de Movimiento Ciudadano, al asegurar que las solicitudes de declaración de procedencia fueron promovidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y que al Poder Legislativo únicamente le corresponde revisar el expediente.
El legislador sostuvo que las instituciones actuales garantizan el respeto a los derechos humanos y descartó que existan condiciones para una persecución política.
“No hay persecución. Eso existe en el lenguaje de otras personas. ¿Cómo en estos tiempos vamos a hablar de persecución política? Ya estamos en otros tiempos”, expresó.
Las declaraciones surgen luego de que Movimiento Ciudadano acusara a la Fiscalía, al Gobierno del Estado y al Congreso local de emprender acciones contra opositores políticos. Hernández Bautista respondió que el posicionamiento del partido no hace referencia directa a los alcaldes involucrados.
Asimismo, confirmó que ambos presidentes municipales ya fueron notificados del inicio del procedimiento de declaración de procedencia y adelantó que deberán comparecer el próximo martes 28 de julio ante la Comisión Instructora del Congreso.
Precisó que la función del Congreso no consiste en determinar responsabilidades penales ni emitir órdenes de aprehensión, sino únicamente resolver si procede retirar el fuero constitucional para que los servidores públicos puedan comparecer ante la Fiscalía en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano.
“Lo único que hace el Congreso es quitarle el fuero para que ellos, en completa libertad, puedan comparecer ante la Fiscalía”, puntualizó.
Hernández Bautista indicó que el análisis del expediente podría extenderse durante varias semanas, pues la Comisión Instructora deberá desahogar el procedimiento antes de elaborar un dictamen que posteriormente será sometido a votación del Pleno.
El legislador recordó que el desafuero no implica una sentencia condenatoria, sino únicamente el retiro de la inmunidad procesal para permitir que continúe una investigación penal.
Raúl González Martínez es investigado por su presunta participación en la privación de la libertad y homicidio de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán, mientras que Bertín Bravo Montero es investigado por su presunta relación con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y su escolta. En ambos casos, las investigaciones continúan y los funcionarios mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
Con información de Rocío Aburto.
