El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados descartó que haya una supuesta “contradicción” en la reforma sobre las llamadas pensiones doradas, como señaló la Consejería Jurídica de la Presidencia, por lo que defendió la validez de dichos cambios constitucionales.
Luego de que dicha instancia del Ejecutivo señaló el presunto fallo, el coordinador de los diputados guindas, Ricardo Monreal, destacó que la intención de la enmienda al artículo 127 de la Carta Magna no era “desconocer el derecho general a una pensión digna ni limitar las prestaciones de las personas jubiladas”.
El haber establecido que ninguna pensión de ex altos funcionarios del sector público puede exceder 50 por ciento del salario del titular del Ejecutivo –fijado en alrededor de 70 mil pesos mensuales– busca “evitar prestaciones desproporcionadas y armonizar su regulación con los principios de simetría” que contempla la Constitución, dijo.
En conferencia de prensa, recordó que dicha medida aplica específicamente a las jubilaciones y pensiones del personal de confianza, y que “no existe tal contradicción (entre disposiciones de la reforma) porque ambas cumplen funciones diferentes y operan de manera sucesiva”.
Sin embargo, Monreal evadió decir si la Consejería Jurídica estaba equivocada en su planteamiento. En cambio, explicó que “si el cálculo para una pensión a partir del salario arroja una cantidad superior al tope previsto por la Constitución, éste debe ajustarse al límite señalado por ésta. En otras palabras, el salario continúa siendo la base para determinar el derecho pensionario”.
Por separado, la panista Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara, recordó que en la discusión en el pleno sobre las pensiones doradas hubo gran cantidad de reservas, y estimó que “si hubiera algún error en la reforma, la única manera de corregirse es por medio de una iniciativa”.
Si este fuera el caso, el proyecto de enmienda “tiene que pasar por un proceso legislativo de una iniciativa que sea firmada por alguien que tiene la calidad de proponente, que puede ser la Presidencia de la República o un legislador, y cumplir con todo el ciclo parlamentario para que, en su caso, si esa reforma de pensiones estuvo mal hecha, se corrija”.
Con información del diario REFORMA
