- Harán públicos cada mes los contratos de la Federación; sólo quedarán reservados los datos de seguridad nacional o bajo proceso judicial.
El gobierno federal publicó ayer el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer explícita la obligación de publicar mensualmente los contratos de la administración pública, así como los de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus filiales, previa autorización de sus consejos de administración.
Antes de suscribir el documento, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que se trata de hacer más transparente y accesible a la consulta la información gubernamental y que su difusión no quede a discrecionalidad de los funcionarios. Además, informó que enviará al Congreso una iniciativa para dejar explícita la obligación en la Ley General de Transparencia.
También, la titular de la Secretaría de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, detalló que para evitar el esquema de velo corporativo entre las filiales de Pemex, la información se emitirá con autorización de su consejo de administración “y con eso ya cubrimos la parte jurídica”.
En el decreto, que se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se prevé que de las filiales de Pemex y CFE se publicarán sus estados financieros, sus informes sobre la situación en materia financiera, administrativa, operativa, económica y jurídica, así como las actas de asamblea en que determine la creación, fusión o escisión.
Asimismo, las actas constitutivas, los datos del gobierno corporativo, las directrices, políticas y lineamientos relacionados con la operación, vigilancia, evaluación del desempeño y seguimiento a sus resultados operativos de negocio, sus políticas de remuneraciones y austeridad, y los contratos celebrados en México y el extranjero.
Incluso, el padrón de despachos de auditores externos, sus programas anuales de fiscalización y los informes de situación de auditorías.
La Presidenta explicó que el decreto “es la garantía de la transparencia de la información del gobierno de México, porque “no necesariamente se cumple” la obligación constitucional de hacerla pública. Precisó que sólo se mantendrá en reserva la relacionada con temas de seguridad nacional o que estén bajo proceso judicial. En estos dos últimos casos se harán versiones públicas, añadió Buenrostro.
La Presidenta refirió que en la ley vigente se dispone que los funcionarios pueden determinar qué información difundir, pero “con este decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público, hay un lineamiento específico de lo que debe ser transparente y aquello que, por el procedimiento judicial, no puede informarse, o lo que realmente es de seguridad nacional. Es transparencia total del gobierno de México”.
A su vez, Buenrostro informó que se inició una investigación de oficio contras ex funcionarios del desaparecido INAI que “guardaron expedientes en el cajón” y dejaron caducar asuntos relacionados con protección de datos personales.
PUBLICAN NUEVO REGLAMENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA
La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial el nuevo reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, que define las atribuciones del jefe de esa instancia, Lázaro Cárdenas Batel, así como las de la secretaría particular y de la Coordinación de Comunicación Social, en la que ya no aparece la figura de vocería presidencial.
Entre las facultades de la Oficina de la Presidencia están apoyar en la instrumentación de los proyectos prioritarios del gobierno federal; coadyuvar en la implementación de las acciones con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, sin perjuicio de las que ya tengan otros entes públicos en la materia y auxiliar a la Presidenta en la toma de decisiones.
En el caso de la secretaría particular, a cargo de Carlos Augusto Morales, entre sus facultades está determinar las estrategias de prevención y protección para garantizar la integridad de la Presidenta, en acuerdo con los cuerpos de seguridad, protección civil y servicios médicos, “así como trazar y verificar rutas preferentes o alternas que permitan cumplir de manera eficaz y segura con la agenda presidencial”.
También, auxiliar a la mandataria en sus relaciones institucionales con las dependencias y entidades públicas, así como los sectores privado y social; diseñar su agenda y calendario de actividades, tanto en México como en el extranjero, y tramitar las peticiones que se le dirijan, así como asegurar su atención por las otras unidades de apoyo técnico de la Presidencia y las entidades de la administración pública.
Con información del diario LA JORNADA
