Xalapa, Ver.- El presidente nacional del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo, Rafael Lindo Chagas, solicitó la intervención inmediata de los gobiernos estatal y federal para evitar que el cierre definitivo del Ingenio San Pedro agrave la crisis económica en la región de Los Tuxtlas.
En conferencia de prensa, el dirigente señaló que la suspensión de operaciones de la factoría afectará de manera directa a miles de productores, trabajadores y familias que dependen de la agroindustria cañera, por lo que pidió establecer mecanismos que permitan rescatar la planta.
La solicitud se da luego de que el Grupo Azucarero San Pedro confirmara, mediante un comunicado emitido este 5 de agosto, el cierre definitivo del ingenio, argumentando que las condiciones económicas y los problemas que enfrenta la industria azucarera hicieron inviable mantener la operación.
La empresa aseguró que cumplirá con todas sus obligaciones laborales, liquidará a los productores conforme al calendario de pagos aprobado por el Comité de Producción y Calidad Cañera y cubrirá los compromisos adquiridos con proveedores.
Sin embargo, Lindo Chagas estimó que la decisión impactará directamente a más de siete mil productores que cultivan entre 45 mil y 48 mil hectáreas de caña en municipios como Ángel R. Cabada, Lerdo de Tejada, Saltabarranca, Tlacotalpan, Santiago Tuxtla y San Andrés Tuxtla.
Añadió que, considerando a obreros, cortadores, transportistas, comerciantes y familias que dependen de la actividad, la afectación podría alcanzar entre 23 mil y 30 mil personas.
El dirigente advirtió que la región aún no logra recuperarse del cierre del Ingenio San Francisco y consideró que el traslado de la producción hacia otras factorías incrementaría los costos para los productores, afectando aún más la rentabilidad del sector.
Asimismo, pidió al Gobierno de Veracruz gestionar, junto con la Federación, un esquema financiero que permita rescatar el ingenio y preservar una actividad económica considerada fundamental para Los Tuxtlas.
También solicitó que las autoridades investiguen las causas que originaron el cierre de la empresa para determinar si existen responsabilidades administrativas o financieras.
Finalmente, alertó que la desaparición de esta fuente de empleo podría provocar desempleo, migración, caída del comercio e incluso un incremento de la inseguridad en la región, por lo que llamó a productores, trabajadores y autoridades municipales a mantener un frente común para buscar una solución.
