La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló ayer la obligación de los patrones de garantizar a los trabajadores del campo habitación digna y gratuita, alimentación sana, atención médica, guarderías y capacitación, entre otros derechos, al declarar constitucionales las reformas de enero de 2024 a las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social.
Por unanimidad, el pleno aprobó tres proyectos de la ministra Yasmín Esquivel y negó el amparo a las empresas Agrícola Alerco, Agriexport y Agrícola Reyes Pesqueira, que impugnaron las disposiciones de los artículos 283 y 284 de la Ley Federal del Trabajo con el argumento de que prestaciones como la vivienda corresponden al Estado, no a los particulares.
Esquivel sostuvo que estas medidas no representan cargas desproporcionadas para los empleadores, sino mecanismos para garantizar los derechos humanos de un sector históricamente vulnerable, y aclaró que las aportaciones al Infonavit no sustituyen la obligación de dar habitaciones dignas durante la relación laboral.
“La reforma al artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo parte de que el derecho a una vivienda adecuada también puede satisfacerse mediante el uso temporal de un inmueble que reúna las condiciones mínimas de habitabilidad reconocidas internacionalmente”, dijo.
El titular de la Corte, Hugo Aguilar, apuntó que el tema es de gran impacto, pues afecta a miles de personas, sobre todo indígenas.
“Yo he sido testigo de que, terminando el ciclo escolar, llegan muchos camiones a las cabeceras municipales y de distrito, y se llevan a familias completas del sur al norte del país para trabajar en el campo en condiciones muy precarias.
“Recuerdo que, en 2015, un gran número de migrantes de San Quintín, de Ensenada, hicieron una gran movilización para reclamar mejores condiciones laborales… les pagaban 70 u 80 pesos al día, es decir, 2 mil 100, 2 mil 800 o 3 mil pesos, y vivían hacinados en condiciones infrahumanas; casi les ponían tiendas de raya”, dijo.
Lenia Batres citó cifras del gobierno federal que señalan que 3.4 millones de personas laboran en el sector agrícola y más de 80 por ciento lo hacen en la informalidad. Destacó que, aunque es un sector esencial, “históricamente ha enfrentado alta marginación”.
Loretta Ortiz afirmó que la reforma de 2024, “lejos de imponer cargas arbitrarias a los patrones, atendió una realidad social” que ha colocado a los jornaleros en una situación de especial vulnerabilidad.
Con información del diario LA JORNADA
