La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expedir el reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, pendiente desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, luego de que el plazo legal para emitirlo venció en enero de 2008, hace casi 19 años.
Por siete votos contra dos, el pleno aprobó el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa que concedió un amparo a pescadores de Las Barrancas, en Alvarado, Veracruz, por la omisión del Ejecutivo federal de emitir dicho reglamento.
La expedición del reglamento fue ordenada por el Congreso de la Unión en el artículo sexto transitorio de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, publicada en julio de 2007. Esquivel Mossa sostuvo que la omisión reglamentaria afecta el derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4 de la Carta Magna.
“La trascendencia constitucional del asunto no radica únicamente en el incumplimiento de una disposición transitoria, sino en que dicha inactividad ha impedido durante años la plena eficacia de un nuevo modelo normativo diseñado por el Congreso para la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas”, destacó.
El fallo de la Corte sobre el amparo en revisión 100/2026 también fija un plazo de 180 días hábiles para que las autoridades competentes realicen el procedimiento necesario para expedir y publicar el reglamento.
A favor del proyecto, el ministro Irving Espinosa Betanzos destacó que la pesca y la acuacultura son actividades estratégicas para la soberanía alimentaria y el desarrollo económico, y que la ley vigente requiere un nuevo reglamento que garantice su aprovechamiento sostenible y mejore las condiciones de vida de marineros.
“Esto tiene que ver con algo que desafortunadamente ha sido histórico: el escaso interés que ha habido o hubo durante mucho tiempo en relación con la pesca y la acuacultura y, sobre todo, replantear el lugar que debe ocupar en la agenda nacional para convertirlo en uno de los ejes del desarrollo económico”, señaló.
La ministra María Estela Ríos González votó contra el proyecto, al sostener que la omisión reclamada por los pescadores no les genera afectación ni incertidumbre jurídica, pues mientras se expide el nuevo reglamento sigue vigente el de la Ley de Pesca de 1999.
“Existe un marco normativo local que brinda protección y certeza jurídica a las personas dedicadas a la actividad pesquera”, destacó.
Con información del diario LA JORNADA
