Xalapa, Ver., 11 de agosto de 2026.— El síndico de Lerdo de Tejada, Johard Alejandro Cruz Delfín, denunció presuntas amenazas en su contra por parte de la alcaldesa Flor María de Jesús Sosa Zamudio y de su hijo, Fabián Cárdenas Sosa, por lo que manifestó temor por su integridad y la de sus familiares.
En conferencia de prensa, acompañado por los diputados locales Elizabeth Morales García y Ramón Díaz Ávila, así como por el legislador federal Adrián González Naveda, el funcionario municipal señaló que persiste lo que calificó como violencia institucional en su contra, luego de negarse a firmar documentos y contratos que, aseguró, carecerían del sustento correspondiente.
Cruz Delfín afirmó que las presuntas represalias también se han reflejado en una reducción arbitraria de su salario, como una medida de presión para que modifique su postura.
El síndico sostuvo que su posición no obedece a una oposición a las obras y acciones emprendidas por el Ayuntamiento, sino a su responsabilidad de vigilar el manejo de los recursos públicos.
“Respaldo esas acciones para que mi municipio salga adelante y se vea el cambio, para lo cual he estado trabajando institucionalmente para evitar cualquier confrontación con ellos; sin embargo, tuve que poner un límite”, manifestó.
Ante los señalamientos que dijo haber recibido, expresó preocupación por su seguridad y responsabilizó públicamente al exalcalde y a la actual presidenta municipal de cualquier situación que pudiera ocurrirle a él o a sus familiares.
“Tengo miedo, preocupación por mí y por mi familia, y por todos los que me rodean”, afirmó.
Cruz Delfín hizo un llamado a la gobernadora Rocío Nahle García, a la presidenta de la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado, Noemí Santos, así como a las autoridades estatales y federales competentes, para que intervengan y se tomen las medidas correspondientes ante los hechos que denunció.
El funcionario recordó que los compromisos asumidos por la presidenta municipal y su hijo ante el Congreso del Estado, según su versión, no fueron cumplidos, por lo que insistió en la necesidad de que las autoridades den seguimiento al caso.
Explicó que su postura busca garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera correcta y transparente. Como ejemplo, mencionó un gasto de un millón 300 mil pesos contemplado para cursos dirigidos a policías, cuya pertinencia cuestionó debido a que, según dijo, la Secretaría de Seguridad Pública ofrece ese tipo de capacitación de manera gratuita.
Por su parte, el diputado local del PT, Ramón Díaz Ávila, integrante de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, expresó su respaldo al síndico y señaló que dará seguimiento institucional a la denuncia.
El legislador indicó que el diputado federal Adrián González Naveda conoció los detalles del caso y también se sumó al respaldo al funcionario municipal, a quien reconoció por mantener su postura pese a las presiones que, de acuerdo con su denuncia, ha enfrentado.
