Ciudad de México, 18 de agosto.- Una empresa dedicada a la fumigación agrícola en Veracruz presentó denuncias penales contra un fiscal federal y tres agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), a quienes señala por presunto abuso de autoridad y contra la administración de justicia, derivado del aseguramiento de seis helicópteros, una aeronave, una aeropista e instalaciones de la compañía.
Los representantes legales de Agrogema Agro, empresa establecida en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, sostienen que el aseguramiento, realizado en enero pasado, carecería de sustento legal y ha provocado un daño patrimonial superior a 40 millones de pesos.
El abogado de la compañía, Jorge Reyes Peralta, informó que las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos y el Órgano Interno de Control de la FGR, en contra del fiscal federal en Veracruz, Mauricio Alexandro Rosaldo García, así como de los agentes del Ministerio Público Carlos Manuel Pérez Solís, Andrea Jahel González Castillo y Virginia Cecilia Blanco Hernández.
De acuerdo con la representación legal, a ocho meses de la intervención de la empresa, las autoridades no han definido a la compañía ni a sus representantes como parte investigada, imputada u ofendida dentro de la carpeta correspondiente, situación que, afirmó, limita su posibilidad de ejercer una defensa adecuada.
Agrogema Agro manifestó que se encuentra legalmente constituida para prestar servicios de fumigación aérea agrícola y que cuenta con los permisos y autorizaciones necesarios para desarrollar sus actividades mediante aeronaves y equipo especializado.
La empresa opera desde el denominado “Helipuerto Ing. David Torres”, ubicado en Camino Lomas del Porvenir, en la localidad Lomas del Porvenir, municipio de Medellín de Bravo, desde donde realiza servicios de fumigación en distintos puntos de Veracruz y otras entidades del país.
Ante el aseguramiento, la compañía promovió diversos recursos legales, entre ellos un juicio de amparo indirecto. Su abogado también acusó al fiscal federal Mauricio Alexandro Rosaldo García de presuntamente ejercer presiones y amenazas contra la jueza encargada del caso, señalamiento que deberá ser investigado y acreditado por las autoridades competentes.
La defensa de la empresa sostuvo que la propia FGR, a través de su representación en Veracruz, ha señalado que la compañía y sus representantes legales no tienen el carácter de parte dentro de la carpeta de investigación, lo que, desde su perspectiva, vulnera sus derechos fundamentales al impedirles conocer el contenido de las actuaciones y ejercer una defensa técnica adecuada.
Por ello, Agrogema Agro solicitó a la FGR y a su órgano interno de control investigar las actuaciones y omisiones atribuidas a los servidores públicos denunciados y, en su caso, determinar las responsabilidades administrativas o penales correspondientes.
La empresa afirmó que mientras permanecen asegurados los bienes y las instalaciones, el impacto económico acumulado ya supera los 40 millones de pesos.
Los señalamientos contenidos en las denuncias corresponden a la versión y acusaciones formuladas por la empresa y su representación legal, por lo que corresponderá a las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.
