La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el fallo del juez de control Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, quien concedió el beneficio de prisión domiciliaria al ex titular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, como parte del proceso penal iniciado en su contra por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia relacionados con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El segundo tribunal colegiado de apelación en materia penal informó que los recursos fueron interpuestos por separado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la unidad especial de investigación y litigación para el caso Ayotzinapa de la FGR, así como por el asesor jurídico federal de Agustín García Reyes, El Chereje; Jonathan Osorio Cortés, El Jona; Darío Morales Sánchez, El Comisario, y Patricio Reyes Landa, El Pato, considerados entre los principales involucrados en la desaparición de los estudiantes, quienes apelaron la resolución emitida el 23 de julio pasado, en la que se determinó el cese de prisión preventiva a favor de Murillo Karam.
El órgano jurisdiccional decidió que corresponde al primer tribunal colegiado de apelación conocer este recurso de apelación para su análisis y resolución.
En julio, el juez del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, canceló la prisión preventiva justificada en la causa penal 307/2022, uno de los dos procesos que enfrenta Murillo Karam. Perusquia Cabañas determinó modificar la medida cautelar debido a que el proceso penal se prolongó por más de dos años por motivos ajenos al imputado, sustituyéndola por resguardo domiciliario y el uso de un brazalete electrónico.
Lo anterior al considerar que la extensión del proceso obedeció a retrasos en la tramitación de diversos juicios de amparo en revisión por parte de órganos del Poder Judicial de la Federación, circunstancia que estimó no fue responsabilidad de Murillo Karam.
La defensa solicitó el cese de la prisión preventiva justificada aportando pruebas del deterioro de su estado de salud y el requerimiento de atención médica especializada.
El ex funcionario enfrenta un segundo proceso penal por delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, presunto miembro de Guerreros Unidos, por el que se le impuso también prisión domiciliaria.
(Con información del diario LA JORNADA)
