Como parte de las medidas contra la corrupción y la opacidad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó a la Cámara de Diputados que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) verifique y compruebe los recursos que manejan los sindicatos y los gobiernos estatales y municipales.
Se trata de verificar que los ingresos de las organizaciones gremiales, así como de los gobiernos estatales, “sean acordes a su objeto y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales que les son aplicables”, explicó en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2027.
Precisó que, en la Ley del ISR, los sindicatos están exentos de llevar sistemas contables y de expedir y recabar comprobantes fiscales, mientras los gobiernos locales sólo tienen la obligación de retener y enterar ese gravamen, así como de emitir comprobantes fiscales por las contribuciones que cobran, por apoyos o por pagos a terceros.
“Tales dispensas han generado la percepción, por ejemplo, de que los sindicatos obreros y los organismos que los agrupen, así como las entidades federativas y municipios, no tienen obligaciones tributarias y, por tanto, no son sujetos de vigilancia de las autoridades fiscales”, explicó la mandataria.
No obstante, precisó, “esto no es así, puesto que mantienen ciertas obligaciones específicas”.
En ese sentido, la iniciativa plantea que, a fin de transparentar las actividades que realizan esas personas morales, se considera conveniente que el SAT ponga en práctica un programa de verificación y comprobación dirigido a sindicatos y gobiernos estatales y municipales.
De esta manera, la redacción del artículo 30 transitorio de la iniciativa prevé: “el Servicio de Administración Tributaria implementará un programa de verificación y comprobación a los sujetos que tributen en el título III de la Ley del ISR, para lo cual se emitirán las reglas de carácter general en las que se fijarán los criterios del citado programa”.
En la exposición de motivos, la Presidenta señaló que “tal propuesta está alineada con el paquete de reformas para el combate a la corrupción y la impunidad, pues, por un lado, refuerzan el principio de igualdad de todas las personas ante la ley tributaria y la autoridad fiscal, eliminando privilegios de exclusión y dispensa de obligaciones de ciertos grupos con influencias injustificadas e incluyéndolos en el universo de sujetos de verificación y comprobación”.
Con información del diario LA JORNADA
