ALPIE17SEPT2026
AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
* NAHLE: EXTORSIÓN IMPUNE A VERIFICENTROS
El 10 de agosto pasado fueron detenidos dos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México por elementos de la Fiscalía General de Justicia de esa entidad, con apoyo de la Guardia Nacional y de las fiscalías de Guerrero y de la Ciudad de México. La orden de aprehensión les fue girada por encabezar una red de extorsión a propietarios de verificentros en la entidadmexiquense.
Uno de los detenidos fue Raúl Piña Horta, ex diputado federal del PVEM que se desempeñaba como director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente. El otro fue Carlos Eduardo Solares Vega, quien ocupaba el mismo cargo en la Ciudad de México. El primero fue capturado en la colonia Club Deportivo del puerto de Acapulco, y el segundo en la capital del país.
Su detención fue consecuencia de las denuncias presentadas por diversas víctimas, y tras una larga investigación se pudo establecer que los detenidos participaban en una red extorsiva en conjunto con otros individuos identificados como funcionarios, ex servidores públicos y particulares.
“Se tiene acreditado, en expedientes de investigación, que este grupo obliga a propietarios de verificentros a pagar cuotas ilegales para permitirles continuar con su funcionamiento. En otros casos, incluso, abusaron de sus atribuciones al simular actos para despojar a los legítimos propietarios de las concesiones emitidas a su favor, e incluso de la infraestructura adquirida por las propias víctimas bajo la advertencia de que, en caso de denunciar serían afectados o les causarían daño”, señaló la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Hasta ahora, el Ministerio Público logró acreditar que el esquema extorsivo genera recursos ilícitos por varias decenas de millones de pesos mensuales para no cerrar las líneas de verificación de los verificentros, cantidad que aumenta sustancialmente por exigencias de cuotas ilícitas por la revalidación de la autorización, acotó la Fiscalía estatal, que además apuntó que todos los pagos eran exigidos con entregas en efectivo en un domicilio que fueidentificado.
La Fiscalía mexiquense exhortó a los propietarios de los verificentros estatales para que, si también fueron víctimas de esta red, se sumen a la denuncia para robustecer la acusación en contra de estos funcionarios y sus cómplices que aún están prófugos de la justicia.
Este caso se activó por la denuncia que mediante oficio realizaron los empresarios de la Asociación Ecológica de Verificación y Asociación de Verificentros del Estado de México, quienes informaron a las autoridades estatales y federales sobre las anomalías que padecían, por lo que solicitaron les dieran respuesta y remediaran la situación.
La denuncia, presentada desde junio, establecía que Raúl “N” y otros tres personajes allegados al Verde Ecologista realizaban cobros mensuales de entre 100 mil y 250 mil pesos a 145 de los 168 verificentros que operan en la entidad.
Señalaron que la cantidad la fijaban dependiendo de las líneas o carriles de verificación del establecimiento; de lo contrario, los amenazaban con revocarles autorizaciones u obstaculizar su operación.
Además, denunciaron que recientemente les habían pedido un pago extra de 500 mil pesos por línea o carril de verificación, que debían realizar antes de diciembre próximo porque, de lo contrario, no les revalidarían los permisos para operar en 2027.
Cada verificentro, explicaron, cuenta en promedio con seis líneas o carriles de verificación, por lo que el alto monto exigido les genera una grave afectación económica.
También aseguraron que durante años han cumplido con pagos, disposiciones, permisos, certificaciones y obligaciones legales impuestas por las autoridades para trabajar.
“No obstante, actualmente se nos pretende imponer el pago de cuotas ilegales, equivalentes a un “cobro de piso” como condición para permitir la continuidad de nuestras operaciones”, refirieron.
Acá en Veracruz, concesionarios de verificentros del estado, hartos del cobro de “moches” por parte de servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), presentaron una denuncia formal por corrupción en la oficina de la gobernadora Rocío Nahle desde el pasado 19 de agosto, pero hasta ahora no se ha sabido de ninguna investigación ni acción penal.
A través del documento entregado con copia al poblano Miguel Santiago Reyes Hernández que cobra como secretario de Finanzas y Planeación, y al Órgano Interno de Control de la misma Sefiplan, la agrupación “Verificentrosde Veracruz Unidos” solicitó la intervención urgente de la titular del Poder Ejecutivo estatal ante los cobros indebidos, amenazas de clausura y negativas arbitrarias en la venta de papelería oficial que aseguran estar padeciendo desde hace meses.
Pero hasta ahora sigue la impunidad. ¿Acaso van a esperar también que vengan del gobierno federal a hacer lo que ellos no pueden o no quieren hacer, como acaba de ocurrir la semana anterior ante las decenas de casos de sarampión que se han propagado en la entidad y los dos decesos ocurridos en el Centro de Cancerología de Xalapa, que la Secretaría de Salud y la Delegación del IMSS Bienestar en Veracruz no les habían reportado?
Y es que según publicó anteayer el reportero Juan David Castilla, de El Heraldo de México, a través de un nuevo escrito entregado y sellado el pasado 14 de septiembre en la Coordinación de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, la agrupación “Verificentros de Veracruz Unidos”dio seguimiento a la querella formal interpuesta semanas atrás, notificando al Poder Ejecutivo sobre la entrega de evidencia digital y bancaria que comprueba el actuar ilegal dentro de la estructura administrativa de la dependencia estatal, a pesar de las versiones difundidas sobre la presunta falsedad de dichos “moches”.
El documento entregado en la Oficina del Ejecutivo cuenta además con copias marcadas para el titular de la Sefiplan así como para el titular del Órgano Interno de control de la misma Secretaría, Aldo Hernández Díaz, con la finalidad de que se inicien las investigaciones e intervengan de manera inmediata en la revisión del personal adscrito a la Dirección General de Verificación Vehicular.
Entre los elementos probatorios integrados que proporcionaron figuran documentales privadas consistentes en impresiones de folios de operaciones bancarias. Específicamente, los empresarios exhibieron los registros de envíos de “Códigos de Retiro sin Tarjeta” por montos individuales de 10 mil pesos, los cuales cuentan con un periodo de caducidad de 24 horas.
De acuerdo con los expuesto por los denunciantes en el expediente, estos códigos de dinero en efectivo eran exigidos de forma periódica y remitidos de manera directa al número de celular proporcionado por el servidor público identificado como Jesús Serrato, señalado en la investigación como el enlace operativo y subordinado directo de la doctora Paola Elizabeth López Chávez, titular de la Dirección General de Verificación Vehícular.
Los integrantes del gremio sostienen que estas transferencias y códigos de retiro representan la prueba contundente de las presiones sistemáticas ejercidas contra los 135 concesionarios de verificentros que operan en la entidad veracruzana.
Señalaron que el pago de estas sumas de dinero era condicionado por los funcionarios para “dejar trabajar de manera relajada y sin contratiempos” a los negocios, amenazando con el desabasto de hologramas, la retención de formas valoradas o la ejecución de clausuras masivas arbitrarias en contubernio con inspectores ambientales.
Asimismo, la representación legal y operativa de la asociación precisó en el escrito que cuentan con un acervo mayor de evidencias, entre capturas de pantalla, registro de llamadas y mensajes de texto dirigidos a los números 5543659724 y 2284090699, las cuales están listos para presentar formalmente ante las autoridades del Estado. La agrupación enfatizó que el recurso no tiene la intención de descalificar ni desacreditar el trabajo institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación ni de la Gobernadora, sino visibilizar y erradicar las conductas ilícitas cometidas a título personal por los servidores públicos señalados en el documento.
Los denunciantes reiteraron que se mantienen a la espera de una resolución y de la aplicación de medidas disciplinarias o administrativas correspondientes contra López Chávez y su cómplice Serrato. Sin embargo, advirtieron que, de persistir la omisión o la falta de garantías para el libre ejercicio de sus concesiones, ejercerán su derecho para presentar formalmente las denuncias y pruebas documentales ante a Fiscalía General del Estado para que el caso se persiga por la vía penal.
