- Junto con otra ex funcionaria fue hallado culpable del desvío de 70 mdp del Instituto Estatal de Pensiones.
El ex secretario de Finanzas y Planeación del gobierno del priista Ignacio Peralta Sánchez, Carlos Noriega García, además de otra exfuncionaria de su gestión, Nancy “N”, fueron encontrados culpables de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, por lo que se les impuso una multa y seis años y ocho meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en un comunicado, dio a conocer que logró la sentencia condenatoria de ambos exfuncionarios luego de acreditarse el desvío de 70 millones de pesos del Instituto Estatal de Pensiones de Colima (IPECOL) en créditos irregulares a varios trabajadores, aunque no especificó el monto de la multa.
Sin embargo, la defensa particular de los procesados, en un pronunciamiento público en redes sociales, dio a conocer que no existió daño patrimonial y alcanzó un acuerdo de terminación anticipada del proceso, que aceptaron el propio Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado y que aprobó el Tribunal de Enjuiciamiento, en sentencia firme de fecha 30 de septiembre de 2026.
La sentencia quedó suspendida condicionalmente por 16 meses, de modo que “no habrá pago alguno de multas o reparaciones, pues no hubo daño, sino irregularidad”.
SU DEFENSA SOSTIENE QUE LOS
RECURSOS HABÍAN SIDO DEVUELTOS
Desde la imputación, formulada en 2023, la defensa sostuvo que “si bien los créditos se otorgaron de forma irregular, el monto reclamado, que ascendía en total a un millón 550 mil pesos, ya había sido devuelto en febrero y marzo de 2021, es decir, antes de que se presentara la denuncia. El Gobierno del Estado, en su calidad de denunciante, no aceptó esa circunstancia durante todo el proceso, y la reconoció apenas el 1 de septiembre de 2026, después de un análisis reciente”.
Además, la defensa precisó que, una vez admitido que no hubo daño económico a las arcas públicas y que los procesados no tendrían que pagar cantidad alguna, “se optó por la terminación anticipada del proceso”.
Las partes convinieron como condición que esas penas “quedaran suspendidas condicionalmente en términos de ley”.
La defensa explicó que esta vía evitó prolongar un proceso sumamente complejo y desgastante para todas las partes, pues entre el juicio oral, la apelación y el amparo directo podrían haber transcurrido al menos dos o tres años más de litigio.
Con información del diario LA JORNADA
