Los rectores de las universidades públicas estatales se reunieron con la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, donde presentaron una solicitud de ampliación presupuestal de 36 mil 800 millones de pesos; precisaron que de ese monto, 23 mil 700 millones son necesarios para constituir el fondo de gratuidad y obligatoriedad de la educación superior.
En el encuentro con los legisladores, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Ángel Román Gutiérrez, dijo que la omisión de ese fondo ha derivado en “la judicialización del derecho a la educación” y las universidades enfrentan “decenas de amparos interpuestos por estudiantes, los cuales ya escalaron a la Corte”.
No obstante, expuso, las instituciones de nivel superior “no queremos litigar contra nuestros estudiantes. No se trata de combatir en los tribunales el sueño legítimo de los jóvenes mexicanos; nuestra vocación es abrirles las puertas y dar cumplimiento pleno a lo que marca la Constitución”.
Sin embargo, acotó que sin un presupuesto adecuado que compense los ingresos propios que las universidades dejarían de percibir por aumentar la matrícula, es materialmente imposible acatar el mandato constitucional de garantizar la gratuidad de la educación superior “sin llevar a nuestras instituciones a la quiebra operativa”.
Recordó que desde 2019 se dio un paso histórico al reformar el artículo tercero de la Constitución para dar a todos la misma oportunidad de estudiar en una universidad, y el fondo que era para dar viabilidad a la gratuidad de la enseñanza tenía que constituirse desde 2022. “Sin embargo, estamos en el proceso de discusión del presupuesto de 2027 y la fecha para que ese fondo sea una realidad aún no ha llegado”, lamentó.
Expuso que la ausencia de ese mecanismo financiero “tiene un costo social importante”, pues casi 6 millones de jóvenes en México de entre 18 y 22 años no cursan la educación superior, además de que cada año casi 211 mil estudiantes universitarios se ven forzados a abandonar sus estudios, 70 por ciento de ellos por causas económicas.
A su vez, el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Luis Armando González Placencia, explicó que se requieren 3 mil 200 millones para política salarial y 3 mil 300 para atender el impacto del aumento los mínimos; mil millones a la atención de problemas estructurales de las universidades, incluido el tema de las pensiones, así como crear un fondo solidario para el mantenimiento y mejora de la infraestructura y el equipamiento, con una asignación de 2 mil millones.
Con información del diario LA JORNADA
