Una jueza de Florida firmó una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, por su presunta participación en una conspiración para cometer asesinato en primer grado, relacionada con el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996 y en el que murieron cuatro personas.
La orden fue firmada el viernes y aprobada por Ariana Fajardo Orshan, jueza presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, luego de una investigación del Departamento de Aplicación de la Ley del estado, según documentos judiciales obtenidos por Miami Herald y Tampa Bay Times.
La resolución abre un nuevo frente judicial en Estados Unidos contra el exmandatario cubano, al sumarse a la acusación federal anunciada el 20 de mayo de 2026 por el Departamento de Justicia estadounidense contra Castro y otros cinco hombres por su presunta responsabilidad en los hechos.
De acuerdo con la declaración jurada que sustenta la orden, existen motivos fundados para considerar que Raúl Modesto Castro Ruz habría llegado a un acuerdo con otras personas para cometer asesinato en primer grado contra quienes viajaban a bordo de las aeronaves.
La investigación estatal sostiene que Florida tiene jurisdicción para proceder debido a que dos presuntos integrantes de una red de espionaje cubana operaban en Miami y Cayo Hueso. Según los documentos, ambos se habrían infiltrado en Hermanos al Rescate para obtener información sobre sus vuelos y transmitirla a las autoridades de Cuba.
La declaración también refiere que, semanas antes del ataque, los presuntos infiltrados reportaron información sobre la estación aeronaval de Cayo Hueso. Asimismo, señala que integrantes de la red recibieron instrucciones de no volar con la organización entre el 24 y el 27 de febrero de 1996. Uno de ellos habría salido de Florida el día 23 y regresado a Cuba.
Al día siguiente, aeronaves de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate. En el ataque murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Tres eran ciudadanos estadounidenses y uno contaba con residencia permanente legal en ese país, de acuerdo con el Departamento de Justicia.
En aquel momento, el gobierno cubano sostuvo que las aeronaves habían ingresado en su espacio aéreo. Sin embargo, Estados Unidos y una investigación de Naciones Unidas concluyeron que el derribo ocurrió sobre aguas internacionales.
La ubicación del ataque y la presunta participación de integrantes de una red de espionaje que operaba en territorio de Florida constituyen elementos centrales de la investigación estatal.
La acusación federal presentada en mayo y la orden emitida por las autoridades de Florida corresponden a procedimientos distintos. La existencia de una orden de arresto y de acusaciones penales no representa, por sí misma, una sentencia condenatoria contra Castro.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, tenía prevista una conferencia de prensa en Miami este lunes para informar sobre la orden y las acciones que seguirán las autoridades estatales.
Con información de Excélsior.
