Con el voto a favor de todas las bancadas, la Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma para sancionar con hasta 25 años de prisión el reclutamiento forzado de niños, adolescentes y adultos para formar parte del crimen organizado.
En la sesión de ayer, por unanimidad de 419 votos, el pleno avaló que esa pena se incremente hasta en 10 años cuando las víctimas pertenezcan a las comunidades indígenas y afromexicanas o migrantes, y también cuando quienes cometan el delito sean funcionarios o ex integrantes de corporaciones policiacas o de las fuerzas armadas.
La reforma busca frenar el reclutamiento que el crimen organizado realiza mediante falsas promesas de empleo, sobre todo en jóvenes, con la publicación de ofertas en medios impresos o electrónicos e incluso mediante amenazas y tortura.
Los legisladores avalaron cambios a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, en materia de reclutamiento criminal, para castigar con 20 años de cárcel a quien “mediante el engaño o sin él, invite, induzca, incorpore o reclute a una o más personas para formar parte de algún grupo delictivo” o para cometer, entre otros, delitos de terrorismo, corrupción y trata de personas, secuestro, extorsión y robo de hidrocarburos.
Además, precisó que se considerará reclutamiento forzado de personas cuando “se cometa mediante intimidación, amenaza, coacción, violencia física o moral o abuso de poder”, y en este caso la pena será de hasta 25 años de prisión”.
Se precisó que “todo reclutamiento de niñas, niños o adolescentes se entenderá y sancionará como reclutamiento forzado”.
En tribuna, al explicar el alcance de la reforma, la diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena) señaló que la falta del tipo penal específico no significa que el reclutamiento forzado no exista, sino que durante años el país “ha enfrentado un vacío jurídico que ha dificultado identificarlo, investigarlo y sancionarlo como realmente es”.
Resaltó que, cuando una conducta no cuenta con un tipo penal propio, los hechos terminan investigándose bajo figuras distintas, como trata de personas, corrupción de menores, secuestro, desaparición o delincuencia organizada.
“Esta dispersión puede fragmentar los casos, dificultar su registro y permitir que la conducta específica de quienes captan, inducen o incorporan personas a estructuras criminales queden diluidas dentro de otros delitos”, indicó.
También en tribuna, Lilia Aguilar Gil (PT) refirió que se trata de atacar una realidad que se vive en estados como Chihuahua, Guerrero, Sonora y Chiapas, donde se comete el reclutamiento forzado incluso contra niños de siete años.
Manifestó que, con la reforma –que fue enviada al Senado– la Cámara lanza “un reto al crimen organizado diciéndoles que nuestras niñas, niños y adolescentes no se tocan y que, además del delito que comete el crimen organizado o delitos en contra de la salud, hoy también enfrentarán otro delito que tiene que ver con este reclutamiento forzado”.
Con información del diario LA JORNADA
