+ Tribunal Electoral ordena investigar al senador Manuel Huerta.
+ Se le acusa de presuntos actos de proselitismo a favor de una candidata del PT en elecciones municipales de 2025.
+ Piden cancelar su registro en padrón de militantes y que sea inhabilitado para ocupar cargos partidistas o ser postulado a candidaturas.
Miguel Valera
Desesperado como anda en los últimos años, desesperado por las mieles del poder y en campaña adelantada abierta, porque ya se ve como candidato a la gubernatura de Veracruz en 2030, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara está cometiendo errores que le pueden costar la expulsión de las filas del Movimiento de Regeneración Nacional y la inhabilitación para ser postulado.
Este martes 20 de octubre de 2026, el Tribunal Electoral de Veracruz —en el expediente TEV-JDC-436/2026— de un Juicio para la protección de los derechos político-electorales, que puede leerse íntegro en la liga https://portal.teever.gob.mx/sentencias/2026/oct/20/TEV-JDC-436-2026%20SENTENCIA.pdf ordenó a la Comisión Nacional de Honor y Justicia revisar a fondo las acusaciones de presunta traición partidista y proselitismo a favor de otras fuerzas políticas del morenista que hoy ostenta un escaño en el Senado de la República.
En otras palabras, la instancia jurisdiccional confirma la manera de actuar de este legislador morenista, quien ya es llamado “traidor” por sus propios correligionarios. Estas acciones son parte de su desesperación, de su protagonismo y de la campaña abierta en la que anda, tratando de convencer que él será el hombre fuerte para la aún lejana elección de 2030.
Su estrategia ha incluido denostar al gobierno de Rocío Nahle García, cuestionar sus acciones y restarle mérito al trabajo que realiza, porque piensa, en su corta visión, que es poseedor de la simpatía de los morenistas de viejo cuño en la entidad. Su desesperación de protagonismo le ha llevado también a coquetear con Movimiento Ciudadano, una fuerza política que ha venido tomando distancia del partido que le permitió consolidarse.
La sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz “ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que, en ejercicio de sus atribuciones, reponga el procedimiento y conforme a su facultad de investigación, determine de manera fundada y motivada las diligencias que considere pertinentes a efecto de sustanciar y resolver lo que en derecho proceda, en el expediente CNHJ-VER-387/2025”.
Además, “se APERCIBE a los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que, de no cumplir con lo ordenado en la presente sentencia, se les impondrá, en lo individual, alguna de las medidas de apremio previstas por el artículo 374 del Código Electoral de Veracruz”.
Este juicio del expediente TEV-JDC-436/2026 fue promovido por Linnet Antonia Alba Hernández, quien el 23 de octubre de 2025 interpuso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, recurso de queja en contra del Senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, por la posible vulneración a los principios, documentos básicos y normativa interna de dicho Partido.
Ahí expuso que el 25 de mayo de 2025 en la comunidad Mesa de la Hierba, municipio de Acajete, Manuel Huerta habría realizado actos de proselitismo en favor de María Guadalupe Saldaña Córdoba, a la sazón candidata del PT a la presidencia municipal.
En sus alegatos expuso que estos hechos van en contra de las reglas internas de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional y pidió una sanción ejemplar para el senador, como la cancelación de su registro en el padrón de militantes y la inhabilitación para ocupar cargos partidistas o ser postulado a candidaturas.
Presentó pruebas documentales, videos, etcétera. En un primer momento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia declaró infundada la queja, pero después de varias instancias electorales, este 20 de octubre se determinó que se tiene que investigar a fondo esta denuncia contra Manuel Huerta Ladrón de Guevara y aplicar la ley de manera pareja, sin privilegios.
Ya veremos qué sucede, si de verdad se actúa y se aplica la ley, en un país, en donde la percepción sobre la aplicación de la ley es predominantemente negativa, marcada por un alto nivel de desconfianza hacia las instituciones de justicia y una cifra negra de impunidad que supera el 93 por ciento. No lo digo yo. Lo ha señalado la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI. Tan tan.
@MValeraH
