Punto de Vista
* Quitarán el blindaje Nahle
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Luis Ángel Bravo Contreras es un brillante abogado. Fue el último procurador de justicia de Veracruz y el primer Fiscal General. *** Luego de renunciar a ese cargo, a partir de un acuerdo verbal con el entonces gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, en junio del 2018 fue detenido y procesado por un delito equiparable a desaparición forzada de personas. Casi un año después, en el 2019, recuperó su libertad, pues se demostró que el fiscal en turno, Jorge Winckler, habíaviolentado la suspensión que le había sido otorgada. *** Este miércoles, Luis Ángel Bravo subió a redes sociales un breve análisis de lo que -desde su punto de vista- había sucedido con el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui. *** “Hay una lectura del caso César Jáuregui que parece haber pasado inadvertida: la posibilidad de que la estrategia de Maru Campos no haya sido sacrificar a su fiscal, sino intentar protegerlo. La apuesta, bajo esta hipótesis, era procesarlo primero en Chihuahua, mantenerlo a disposición del juez estatal y conseguir que enfrentara el procedimiento en libertad o bajo medidas cautelares distintas de la prisión preventiva”, explica Bravo Contreras. *** “Mientras permaneciera recluido y sujeto al proceso local, llevarlo físicamente a una audiencia federal habría exigido resolver previamente las implicaciones de su custodia y disponibilidad judicial. Pero la jugada tuvo un efecto inesperado: al no imponerse la prisión preventiva en la causa estatal, desapareció ese obstáculo material inmediato. La FGR pudo ejecutar la orden de aprehensión federal y llevarlo ante la justicia de la Federación”. *** Luis Ángel Bravovivió de cerca al menos dos casos de funcionarios de la administración de Javier Duarte (Gabriel Deantes y Arturo Bermúdez) quienes, al confirmarse el triunfo de Miguel Ángel Yunes Linares y sabedores de que una vez en el poder actuaría contra ellos, hicieron las gestiones para que les abrieran procesos antes de la llegada del nuevo gobierno. *** La Fiscalía a cargo de Bravo Contreras les inició proceso y, en virtud de que se trataba de presuntos delitos patrimoniales, que no ameritaban prisión preventiva, un juez de control les impuso como medida cautelar la firma periódica. *** Por supuesto que Yunes Linares no quedó contento y una vez que tuvo el control de la Fiscalía -con Jorge Winckler- les inició nuevos procesos a esos dos exfuncionarios y los envió a prisión. Ambos, por cierto, ya obtuvieron su libertad. *** “La ironía es brutal: una maniobra que pudo concebirse para proteger a Jáuregui terminó facilitando precisamente aquello que pretendía evitar. En política y en derecho procesal, no basta con mover primero. Hay que calcular la siguiente jugada del adversario”, afirma el exfiscal de Veracruz y remata: “A veces, por querer evitar que el caldo se derrame, se terminan perdiendo hasta las albóndigas”.
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Bien dicen que “el que avisa no es traidor”.
Hace tres meses, en julio del presente año, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Carbonell de la Hoz, anunció que promovería una acción de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada por el Congreso de Veracruz que incrementó del 3 al 10 por ciento de la Lista Nominal el porcentaje de firmas que deberían reunir los ciudadanos para solicitar la revocación de mandato de la gobernadora Rocío Nahle.
El pasado 7 de julio, con el voto favorable de los diputados de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM) fueron aprobadas reformas a la Constitución local que endurecieron los requisitos para activar la revocación de mandato.
No fue sólo exigir un mayor respaldo ciudadano para presentar la solicitud. Además, la reforma dejó establecidoque las firmas deberían recabarse en un plazo de un mes y obtenerse en al menos 107 de los 212 municipios, con un respaldo equivalente al 3 por ciento de la Lista Nominal de cada demarcación, cambios que la oposición calificó como un “blindaje” a la gobernadora.
Desde que fueron aprobadas esas reformas, el dirigente estatal de MC, Luis Carbonell, informó que su partido trabajaba ya con su dirigencia nacional, encabezada por Jorge Álvarez Máynez, y con su equipo jurídico en la elaboración de una acción de inconstitucionalidad para impugnar la reforma.
“Morena les tiene miedo a los veracruzanos. Es una reforma absurda, inconstitucional, pero, sobre todo, inmoral. Vamos a seguir luchando para que los ciudadanos participen y para que este tipo de mecanismos no sean limitados por una bola de diputados que lo único que quieren hacer es proteger al gobierno en turno”, afirmó en aquella ocasión.
Pues bien, el recurso jurídico ya fue elaborado y este jueves será presentado.
Luis Carbonell sostiene que la reforma restringe un derecho de participación ciudadana reconocido en la Constitución y acusó que el Congreso local modificó las reglas para impedir que los ciudadanos puedan evaluar al gobierno mediante la revocación de mandato.
“Los derechos de los ciudadanos deben maximizarse y no restringirse, como hoy ocurre en Veracruz. Hoy se quieren robar el derecho que tienen los veracruzanos de participar y decidir quiénes deben gobernarlos”, denunció.
Mientras tanto, la gobernadora Rocío Nahle ha insistido en que ese mecanismo de consulta popular, la revocación de mandato “no le quita el sueño”. Es como quien jura que no le preocupa que llueva, pero carga su paraguas.
Si de verdad quiere seguir la pauta que le marca el expresidente López Obrador, la gobernadora de Veracruz debería ser la más interesada en participar en un ejercicio como ese.
Fue él quien revivió aquella vieja frase: “el pueblo pone y el pueblo quita” y desde que la propuso la calificó como una herramienta esencial para transitar de una democracia representativa a una democracia participativa.
Finalmente, cuando se concretó la consulta, la calificó como “un gran avance” que ayudaría mucho “para consolidar la democracia y para tener buenos gobiernos, para que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en las manos”.
Todos en Morena le aplaudieron, aunque en su interior razonaron: “está muy bien con él, pero no conmigo”.
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Epílogo.
Y a propósito de Movimiento Ciudadano, hay temas que esa organización política no dejará pasar. *** Este mismo miércoles Luis Carbonell expresó su rechazo a la intenciónde la Secretaría de Finanzas (Sefiplan) de aplicar un nuevoreemplacamiento vehicular, “por instrucciones -así lo admitió el titular de la dependencia- de la gobernadora Rocío Nahle”. *** El dirigente del partido naranja calificó la medida como “un ataque directo a la economía popular” en un momento en que el padrón vehicular aún no termina de actualizarse. *** Dijo que utilizar el reordenamiento vehicular como un esquema de recaudación ha sido una constante en los últimos años, en los que administraciones de distintos colores han lastimado el bolsillo de la población prometiendo mejoras en seguridad que nunca llegan. *** Movimiento Ciudadano presentará una propuesta en el Congreso para acabar de tajo con ese cobro recurrente e implementar un modelo moderno y sensible a las necesidades sociales. *** “En 2027, cuando Movimiento Ciudadano tenga la mayoría en el Congreso, propondremos que las placas nunca más se tengan que pagar. Será como en otras partes del mundo: unas placas permanentes. Desde luego que se actualice la información, pero que no se cobre por ello”.
