La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma que contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas económicas por el uso ilícito de la identidad gráfica de instituciones públicas. La propuesta, respaldada por Morena y sus aliados, provocó el rechazo de la oposición, que advirtió sobre posibles riesgos para la sátira política y la crítica al poder.
El dictamen obtuvo 312 votos a favor, emitidos por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), y 119 en contra, correspondientes al PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano.
La iniciativa reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, donde incorpora el artículo 403 Bis. Su propósito es sancionar conductas relacionadas con la reproducción, imitación o utilización de elementos de identidad institucional cuando se empleen para engañar o inducir al error con la finalidad de cometer un ilícito.
Las sanciones previstas van de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes, según las cifras difundidas, a entre 117 mil 310 y un millón 173 mil pesos.
La reforma contempla la protección de logotipos, emblemas, documentos oficiales y dominios electrónicos vinculados con instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno. Sus promotores sostienen que la medida permitirá combatir fraudes y casos de suplantación de autoridad; sus detractores, en cambio, cuestionan la amplitud de sus alcances y el riesgo de interpretaciones que afecten expresiones críticas.
Durante el debate, legisladores de oposición mostraron pancartas y caricaturas para manifestar su rechazo. El diputado panista Marcelo Torres calificó la propuesta como una “Ley Bozal” y advirtió que podría utilizarse contra quienes difunden imágenes o documentos para exhibir presuntos actos de corrupción.
El priista Arturo Yáñez también defendió la sátira política y cuestionó que se recurra a la legislación penal en un contexto en el que las expresiones de inconformidad forman parte del debate público.
En respuesta, el diputado de Morena Arturo Ávila sostuvo que la iniciativa no busca perseguir los memes, sino combatir la piratería y proteger a los creadores, en concordancia con los compromisos comerciales de México en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La legisladora del PT Mary Carmen Bernal afirmó que la reforma está dirigida contra quienes suplantan a las autoridades para cometer delitos y no contra quienes cuestionan a los funcionarios o recurren al humor gráfico.
La discusión plantea el desafío de establecer una distinción clara entre el uso fraudulento de símbolos oficiales y las publicaciones satíricas que forman parte de la crítica política. Aunque sus detractores la han denominado “Ley Antimemes”, el alcance de las sanciones descritas está vinculado al uso ilícito de la identidad institucional, no a la elaboración de memes por sí misma.
