- La “violación sexual, tortura y muerte” de la indígena sexagenaria, a manos de militares, ocurrió en febrero de 2007.
Diez meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) declaró la responsabilidad del Estado mexicano por la “violación sexual, tortura y muerte” de Ernestina Ascencio Rosario, a manos de militares en la sierra de Zongolica, Veracruz, en febrero de 2007, persisten demoras en el cumplimiento de medidas de reparación, denunció su familia, “entre ellas atención a la salud, el acto de reconocimiento de responsabilidad y la reparación económica”.
Junto con las organizaciones civiles que la acompañan, hicieron un llamado urgente al Estado para que adopte las decisiones y acciones necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo e integral de la sentencia, notificada en diciembre de 2025.
En un pronunciamiento, reconocieron que si bien en los últimos seis meses se han tenido espacios de interlocución con distintas instituciones gubernamentales y se han registrado algunos avances, persisten retrasos injustificados. “Particularmente preocupante es la demora en la atención de la delicada situación de salud (de las víctimas) que se les debía brindar con urgencia”, aseveraron.
PIDEN RECONOCIMIENTO PÚBLICO DE RESPONSABILIDAD
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, entre otras, señalaron que también desde la notificación de la sentencia, la familia ha solicitado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que encabece el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en la comunidad Tetlatzinga, pero no hay respuesta.
Subrayaron que, durante casi dos décadas, los familiares de Ernestina Ascencio enfrentaron no sólo la falta de justicia, “sino también declaraciones e intervenciones de altas autoridades del Estado que desacreditaron su palabra, negaron la gravedad de lo ocurrido y contribuyeron a perpetuar la impunidad”.
Por ello, ahondaron, el reconocimiento público de responsabilidad al más alto nivel constituye un componente fundamental de la reparación y una oportunidad para restituir públicamente la dignidad, la memoria y la verdad sobre lo ocurrido.
Tampoco, expusieron, se ha dado cumplimiento de las medidas de reparación económica. “Han transcurrido ya más de tres meses desde el vencimiento del plazo comprometido por el propio Estado para hacerlas efectivas, sin que hasta la fecha se hayan concretado”.
Enfatizaron que la sentencia de la Corte Interamericana constituyó un reconocimiento histórico de las graves violaciones de derechos humanos sufridas por Ernestina y su familia.
En tanto, la persistencia de las demoras en su cumplimiento, particularmente respecto de las medidas destinadas a atender sus necesidades más inmediatas, “pone en duda la voluntad real del Estado de poner fin a los agravios y sufrimientos que les fueron ocasionados”.
Con información del diario LA JORNADA
