El senador de Morena, Aníbal Ostoa Ortega, presentó una iniciativa para eliminar las penalizaciones económicas que las compañías de telefonía móvil aplican a usuarios que cancelan anticipadamente sus contratos, cuando estos incluyen equipos adquiridos mediante financiamiento.
La propuesta busca modificar diversas disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el propósito de fortalecer los derechos de los consumidores y establecer límites a las condiciones contractuales impuestas por las empresas.
Durante la sesión plenaria del Senado del pasado 21 de octubre, el legislador sostuvo que, cuando un usuario decide cancelar el servicio y aún mantiene una deuda por el teléfono adquirido a crédito, la compañía únicamente debería exigir el pago del saldo pendiente del dispositivo, sin agregar penalizaciones por la terminación anticipada del contrato.
La iniciativa también plantea prohibir que las empresas condicionen la contratación, continuidad o renovación de sus servicios a la entrega de fianzas, depósitos en garantía, garantías financieras u otros mecanismos de respaldo económico previo.
Ostoa Ortega afirmó que estas modificaciones permitirían establecer reglas más claras sobre los cobros y evitar prácticas contractuales que, desde su perspectiva, limitan la libertad de elección y generan condiciones desproporcionadas para los consumidores.
De acuerdo con el senador, la propuesta podría beneficiar a 24.8 millones de usuarios de planes de pospago en México. Sostuvo que las personas deben tener la posibilidad de cambiar de proveedor sin enfrentar cobros adicionales por cancelar el servicio, sin dejar de cumplir con las obligaciones económicas correspondientes al equipo financiado.
“Estamos hablando de justicia para los usuarios, de libertad de elección y de poner un límite a prácticas abusivas que durante años se normalizaron en nuestro país por parte de empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil”, expresó.
El legislador agregó que la iniciativa parte del principio de que ninguna persona debe pagar por un servicio que ya no recibe, y cuestionó que los consumidores deban presentar garantías económicas para acceder a servicios de telecomunicaciones.
La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos del Senado, donde será analizada y dictaminada. Por ahora, se trata de una iniciativa legislativa y no de una reforma aprobada.
Con información de Senado de la República
