- El mandatario neoleonés de MC, Samuel García, ha evitado emitir una postura pública ante señalamientos de la ASF de presuntas irregularidades por 7 mil 200 mdp.
A la luz de las presuntas triangulaciones de recursos públicos cometidas por la administración de Nuevo León, el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Alfonso Ramírez Cuéllar, insistió en la necesidad de que el Congreso local de ese estado norteño reinstale su comisión anticorrupción y permita el juicio político contra el gobernador Samuel García.
En entrevista, el legislador del partido guinda saludó que el pasado viernes la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haya anunciado que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el mandatario neoleonés por los supuestos manejos irregulares de 7 mil 200 millones de pesos.
Ramírez Cuéllar recordó que hace más de un año ya había denunciado el caso en la tribuna de San Lázaro, y lamentó que la ministra Estela Ríos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haya otorgado una suspensión temporal al proceso de juicio político contra Samuel García, bajo el argumento de supuestas afectaciones a la gobernabilidad del estado.
De igual forma, señaló que la Comisión Permanente avaló el punto de acuerdo que él había presentado el 20 de agosto pasado, en el cual le pedía a la ASF que hiciera una “revisión integral” de los recursos federales ejercidos por el gobierno de Nuevo León, debido a presuntos sobrecostos e irregularidades en obras públicas y contratos de servicios.
“La denuncia contra Samuel García primero tiene que pasar por el Congreso de Nuevo León, como autoridad local, para poderlo someter a juicio político. Tiene que volver a instalarse la comisión anticorrupción” para darle cauce a las denuncias, recalcó el diputado morenista.
Tras lamentar que Samuel García “ha sido cobijado” para evitar que rinda cuentas por las supuestas irregularidades que documentó la ASF, insistió en que tendría que retirársele el fuero constitucional al gobernador, aunque no descartó que la mayoría emecista en el Congreso local vuelva a protegerlo.
Como informó el diario La Jornadaa, la ASF dio a conocer un organigrama del desvío de recursos desde el presupuesto estatal, que le habría permitido a Samuel García comprar una propiedad de mil millones de pesos.
HALLA ASF DESVÍO DE 60.4 MDP DE FONDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
Fondos para seguridad pública de Nuevo Léon, cuyo manejo generalmente se oculta alegando la necesidad de secrecía, también se triangularon hacia Firma Jurídica y Fiscal, despacho privado del Gobernador emecista Samuel García y su familia.
Información obtenida por Grupo REFORMA revela que TXAT Latam, una de las empresas involucradas en los desvíos señalados el viernes por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), terminó depositando al menos 60.4 millones de pesos del erario al despacho del Gobernador a través de factureras y una consultora legal.
Como parte de este es quema, la compañía recibió, primero, contratos estatales por al menos 440 millones de pesos para suministrar chalecos antibalas, radios portátiles y uniformes para internos de los penales, entre otros artículos
Al entregar el viernes pasado su reporte de Cuentas Públicas 2025 en la Cámara de Diputados, Aureliano Hernández, titular de la ASF, reveló que el organismo detectó esquemas de triangulación de recursos públicos vía constructoras y proveedores que terminaron con al menos 728.13 millones de pesos depositados al despacho del Mandatario.
DESTAPAN TAMBIÉN PAGOS A ‘FANTASMAS’ EN EDUCACIÓN
La revisión de la ASF al gasto en nómina educativa de Nuevo León reveló cobros “fantasmas” por un total de 7 millones 16 mil 531 pesos, correspondientes a la Cuenta Pública 2025.
Entre las anomalías detectadas, la ASF detectó que 14 trabajadores con registro de defunción seguían cobrando, que otros 16 empleados dados de baja recibieron pagos, y 9 trabajadores aparecían con plazas duplicadas e incompatibilidad geográfica.
Hasta ahora el gobernador Samuel García ha evitado emitir una postura pública ante los señalamientos de la ASF.
Con información de los diarios LA JORNADA y REFORMA
