APUNTES
Manuel Rosete Chávez
“Taddei bañó al régimen
de materia fecal”
Ramón Cossío Díaz
PRESUPUESTO 2027, LA ESTAFA DE LA BOLITA
Mientras ocho millones de veracruzanos intentan no perder de vista la bolita, el patán de Sefiplan –mote surgido en la comparecencia de hace un año- hace magia para esconderla entre la montaña de números del presupuesto.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de Veracruz para 2027 asciende a la cifra récord de 185 mil 597 millones de pesos. Sin embargo, tras la fachada del incremento global (un 4.6% más respecto a 2026), el documento revela una severa distorsión de prioridades donde el gasto corriente y la inercia burocrática ahogan cualquier intento de desarrollo estructural. El problema de Veracruz es que el presupuesto aumenta y las carencias también.
La propuesta del Presupuesto 2027 consolida las verdaderas prioridades de la administración: más dinero para mantener aceitada la maquinaria electoral y menos recursos para lo que de verdad le duele a los veracruzanos.
El caso del campo es un monumento al engaño estadístico. Presumen un incremento del 70% en su partida, pero el número final ni siquiera alcanza los mil millones de pesos; representa un raquítico 0.5% del gasto total del estado. Tampoco existen criterios claros para detonar el crecimiento económico, ni incentivos a la inversión productiva, ni acciones concretas de bienestar social sostenible.
Mientras, el resto del gobierno estatal se llevará la friolera de $116,804 mdp (62.9%) ¡Chulada! La propuesta del próximo año esconde la bolita en al menos cuatro contradicciones fundamentales:
La trampa del gasto educativo: Nómina gigante, aulas en olvido. Aunque la SEV abandera la asignación individual más abultada del presupuesto ($69,085 mdp), casi 98 de cada 100 pesos van a dar directamente al pago de servicios personales y nómina, incluidos los muertos que ha detectado la Auditoría Superior de la Federación y que provocó enojo e indignación en la gobernadora.
Para que tenga usted una idea de lo que hablamos, querido lector. El gobierno destinará sólo dos pesos de cada cien para infraestructura escolar, mantenimiento, tecnología o equipamiento en las escuelas rurales del estado es prácticamente testimonial, ¡que para eso están los padres de familia!
SE HIZO EN DONDE COMÍA
Con contundente lucidez y claridad, el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío Díaz, resume en este texto el escándalo Taddei que bañó al régimen de materia fecal.
A partir del 4 de abril de 2023, Guadalupe Taddei se desempeñó como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). El 10 de enero de 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral (SSTEPJF) posibilitó que ejerciera atribuciones personalísimas y concentradas que adquirieron rango legal con la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de octubre de 2024, y con la abrogación en diciembre de 2024 del servicio profesional que regulaba el ingreso y la permanencia del personal de su Organo Interno de Control.
A partir de esas decisiones políticas, Taddei contó con las competencias para designar y remover directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del INE (incluida la Secretaría Ejecutiva), sin la intervención del Consejo General. Tales facultades fueron ejercidas por ella en las elecciones políticas del 2 de junio de 2024 y en las judiciales del 1 de junio del 2025 y, si no hubiera renunciado al cargo el 26 de octubre de 2026, debió haberlas materializado en las del 2027, 2028 y 2030.
Como a diario se nos informa en diversos medios, Taddei y su administración incurrieron en numerosas irregularidades.
Prácticamente desde el inicio de su gestión se habló de la designación de colaboradores vinculados con proveedores, anomalías en las contrataciones, abuso de funciones, conflictos de intereses, desvío de recursos y cobro de un porcentaje del sueldo de funcionarios recomendados.
De muchos de esos contubernios hubo información, como, por ejemplo, de la detección de anomalías en la Cuenta Pública 2024 por al menos 66.5 millones de pesos.
Además de la acumulación de competencias, de negocios y de la falta de vigilancia, la señora Taddei tuvo la fortuna de que sus hijos, primos y sobrinos ocuparan cargos públicos en los gobiernos federal y de Sonora. De entre todos ellos destaca que Pablo Daniel Taddei Arriola sea el director general de Litio para México, Ivana Celeste Taddei fuera diputada de Morena en Sonora y Jorge Carlos Taddei Arriola el director en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Ante la evidencia de las irregularidades en el INE y de los privilegios familiares que estaba recibiendo, ¿cómo se explica la posición en la que la señora Taddei quiso situarse y tanto el gobierno morenista como sus aliados le permitieron ocupar?
La respuesta más plausible son las ventajas que ambas partes obtenían de sus acuerdos. A ella se le permitía enriquecerse y ejercer un amplio patrimonialismo sobre la cosa pública, a cambio de que ejerciera sus funciones en beneficio de lo único esencial para el morenismo: la obtención y el mantenimiento del poder mediante las elecciones. El negocio, sin embargo, salió mal, por lo pronto para ella.
Buscando satisfacer las necesidades de quien le había proveído —y habría de seguir proveyéndole- legitimidad política, el morenismo acabó facilitando la contaminación de la fuente de su propia legitimidad. El error radicó en permitir que fuera en la propia sede de esa función de donde la señora Taddei extrajera sus ganancias personales, sobre todo de carácter económico.
La crisis que hoy enfrenta Morena y el gobierno de la presidenta Sheinbaum no obedece al hecho mismo de la corrupción. Si fuera así, Segalmex, el huachicol y tantos otros temas semejantes deberían haberles provocado las mismas o parecidas alteraciones.
Aquí todo es diferente. Consintieron que su aliada, a cambio de bienes, contaminara el pozo del que han bebido y esperan seguir bebiendo.
INCREÍBLE, EN LA UV EL DOBLE DE FEMINICIDIOS
La UV registra el doble de feminicidios de los que reconoce el gobierno estatal.
En Veracruz, morir por ser mujer es una tragedia; que tu muerte termine archivada en el cajón equivocado para no ensuciar las estadísticas oficiales es el segundo delito del Estado.
La brecha abismal entre las cifras de feminicidios que presume la administración estatal y las que documenta la Universidad Veracruzana no es un simple error de dedo ni un debate entre contadores: es una radiografía del maquillaje político con el que se pretende simular una paz que no existe en las calles.
Mientras la versión oficial apenas reconoce 23 feminicidios entre enero y septiembre de 2026, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres), coordinado por la investigadora Estela Casados, contabiliza 44 en el mismo periodo. El doble. ¿De dónde sale semejante abismo? De la trampa metodológica y del filtro burocrático que el gobierno opera a conveniencia.
La UV realiza un monitoreo hemerográfico regional diario y aplica un criterio amplio basado en la realidad social: si el cuerpo presenta signos de violencia sexual, mutilaciones, hallazgo en vía pública o antecedentes de acoso, el caso se documenta como lo que es, una muerte violenta por razones de género.
La Fiscalía y el Ejecutivo estatal, en cambio, se escudan en la trampa del expediente ministerial. Para la estadística oficial, si un agente del Ministerio Público sin perspectiva de género decide abrir la investigación como «homicidio doloso» —o si convenientemente no reclasifica la carpeta— el delito desaparece por arte de magia del indicador de feminicidios.
Entonces, ¿cuál es la razón de fondo del sub ejercicio oficial. A decir de los colectivos, son al menos tres:
La Invisibilización burocrática. Muchas investigaciones se abren inicialmente como homicidios dolosos o incluso hallazgos sin causa definida. Si la Fiscalía no reclasifica el expediente durante el proceso, la muerte violenta desaparece de la estadística de feminicidios.
La falta de perspectiva de género ministerial. Los ministerios públicos carecen con frecuencia de la capacitación o la voluntad técnica para acreditar desde las primeras diligencias las razones de género en el crimen; y el sesgo político de la vocería innecesaria: Al asumir la gobernadora la vocería de las cifras judiciales, la estadística deja de ser una herramienta de diagnóstico social para convertirse en un indicador de gestión política. El afán por presumir imputados o sentencias deriva en una presión sistemática por mantener contenida la cifra oficial de carpetas abiertas.
Ahí radica la trágica equivocación de la gobernadora Rocío Nahle al asumir repetidamente el papel de vocera de la Fiscalía. Cada vez que toma el micrófono para presumir personas detenidas y carpetas bien acomodadas, convierte la tragedia en un falso indicador de gestión política. Reducir la violencia femenicida a un tema de burocracia punitiva solo expone la prisa por colgarse medallas de papel, mientras la academia sigue demostrando que la realidad de las veracruzanas no cabe en los números alegres de Palacio.
REFLEXIÓN
El ex diputado Mario Di Constanzo menciona que un banquero de los cuales se les ordenó congelar las cuentas de Guadalupe Taddei por parte de la UIF confirmó que sí efectivamente se le congelaron todas sus cuentas en ese banco pero que el saldo de esas cuentas da un total de 2 mil pesos. Parece que le dieron el tiempo suficiente para mover sus fondos a otras partes. Pinches ridículos. Todos son iguales de ratas. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx | formatosiete@gmail.com
