Punto de Vista
* La plaza de Ángel Alarcón
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
El reclamo de los maestros de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana es el mismo que -de manera discreta, por temor a represalias- hicieron los maestros de educación básica: la gobernadora exige acabar con las cuotas escolares, pero su administración no aporta lo necesario para el mantenimiento de las escuelas. *** Este miércoles el representante de la Junta Académica de la Normal “Enrique C. Rébsamen”, Víctor Manuel Domínguez, anunció que todas las escuelas formadoras de docentes en Veracruz solicitarán fondossuficientes al gobierno estatal, para hacer frente a la medida de hacer gratuito el ingreso a esos institutos, como lo ordenó Rocío Nahle. *** El representante de los docentes normalistas reconoció el espíritu del artículo tercero constitucional, que dispone que la educación pública sealaica y gratuita, aunque advirtió que una obligación sin recursos es insostenible. *** “Desde hace muchos años se ha normalizado que sean los padres de familia los que aporten,mediante cuotas, los recursos necesarios para las escuelas; esto no debe continuar así. Celebramos que el gobierno del estado haya hecho el anuncio de la gratuidad, pero hacemos un llamado respetuoso también para que se cumpla con esta obligación”. *** Dijo que, a diferencia de instituciones como la Universidad Veracruzana (UV) y los institutos tecnológicos, las normales no reciben ningún subsidio del Estado y sólo cuentan con fondos federales, los que son insuficientes. *** Algo similar sucedió con escuelas primarias y secundarias, luego de que la gobernadora diera la instrucción de prohibir las cuotas que imponían las sociedades de padres de familia, maestros y directivos se preguntaron cómo harán frente al mantenimiento de los inmuebles, si el gobierno estatal nunca se ha hecho cargo de eso. *** Y no: la aportación de las cooperativas escolares -que siguen siendo extorsionadas por funcionarios de la Secretaría de Educación- no es suficiente para resolver todas las necesidades de los edificios escolares.
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Mientras Cuitláhuac García divide su tiempo entre la operación política (busca colocar a varios de los miembros de su equipo en el Congreso federal) y el cumplimiento de sus tareas como titular del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), no descuida el tema de sus finanzas personales.
Para eso tiene gente que se hace cargo.
La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego, ha tenido que intervenir de manera directa para “calmar las aguas” que se agitaron con la construcción de una plaza comercial en una zona residencial.
La obra está ubicada en el bulevar Europa, en el fraccionamiento La Marquesa, en un terreno de poco más de 300 metros cuadrados y en los trámites municipales aparece como propietario Ángel Alarcón Palmeros, quien ocupara el cargo de Director de Transporte Público durante la administración de Cuitláhuac García y hoy es Director Ejecutivo de Derechos de Vía, justo en Cenegas.
En menos de diez años la vida de Ángel Alarcón cambió de manera drástica. De vivir en la medianía que le permitían los cargos menores que desempeñó en la Procuraduría de Justicia (es abogado) pasó a ocupar posiciones de alta responsabilidad y de extrema confianza para el gobernador. Fue fiscal especializado de la Unidad de Combate al Secuestro y en Delitos Cometidos por Servidores Públicos. De ahí brincó a Transporte Público. Fue entonces cuando los medios de comunicación y las redes sociales exhibieron la ostentación de la que hacía gala.
Ángel Alarcón es miembro destacado de la organización política “Unidos Todos”, creada por Eleazar Guerrero Pérez, primo de Cuitláhuac García y -aseguran diversas fuentes- su operador financiero.
Durante su paso por la Dirección de Transporte Público, Ángel Alarcón hizo mancuerna con un oscuro personaje que logró transitar de un sexenio a otro y acrecentar su influencia: Enrique Santos, exdirigente de Catem y actualmente a cargo del proyecto de autobuses chinos introducidos por el gobierno de Rocío Nahle para el servicio urbano de pasajeros en las ciudades más grandes de la entidad.
La obra que se realiza en el terreno propiedad de Ángel Alarcón ha generado conflictos con los residentes del fraccionamiento La Marquesa, quienes se quejan de que alterará de manera importante una zona que no tiene vocación comercial.
Fue por eso por lo que acudieron ante las autoridades municipales, las que -sin embargo- parecen más inclinadas afavorecer el proyecto comercial, a pesar de la oposición de los vecinos.
Los inconformes no son vecinos sin recursos: tienen relaciones, contactos en el ámbito político y advirtieron que llevarán el caso hasta la más alta instancia en Veracruz -la propia gobernadora Rocío Nahle- hasta conseguir que se detenga una obra que rompe con la tranquilidad que les prometieron cuando adquirieron sus residencias en La Marquesa.
El conflicto va a escalar y, una vez más, confrontará a Rocío Nahle con Cuitláhuac García.
¿Hasta cuándo?
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Epílogo.
Verónica Hernández, la fiscal general que impuso Éric Cisneros durante la administración de Cuitláhuac García, rechazó de forma sistemática todas las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos en las que se presumían abusos por parte de la Policía Ministerial. Hoy ya no es una recomendación, es una sentencia judicial. *** Un juez de control de Pacho Viejo dio cumplimiento a una sentencia de amparo para que se investiguen actos de tortura presuntamente cometidos por la Policía Ministerial de Veracruz en contra de July Raquel Flores Garfias, sentenciada a 60 años de prisión por homicidio doloso. *** Durante todo el proceso judicial, July Raquel denunció que tras su detención en la Ciudad de México y durante eltraslado a Veracruz fue torturada por los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE). *** Al acatar la sentencia de amparo, el juez de control revocó la determinación de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura de no ejercer acción penal en cuatro carpetas de investigación iniciadas por la denuncia de tortura. *** Derivado de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que se detalla que la Fiscalía obstaculizó lainvestigación de los hechos y que los peritajes no fueron imparciales, fue que se consiguió que un juez de Distrito concediera el amparo 604/2025 y ordenara una investigación a fondo de los actos denunciados. *** De todos los hechosdenunciados existen antecedentes documentados ante los organismos de derechos humanos y la víctima ha identificado en diversas audiencias a los policías ministeriales por su nombre y detallando la intervención de cada uno de ellos en los actos de tortura, violencia sexual y lesiones. *** ¿Atenderá Lisbeth Aurelia Jiménez este mandato judicial?
