Exigen porteños revocar concesión a Grupo MAS por cobros excesivos de agua

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Debido a cobros excesivos en las facturas por consumo de agua en los hogares, abandono de la infraestructura hidráulica y descargas de aguas negras hacia el Golfo de México, organizaciones civiles exigen revocar la concesión del suministro de agua y saneamiento en el municipio de Veracruz a Grupo MAS, filial de la firma española Acciona.

Pedro Rivera García, coordinador de Casa Zapata Veracruz –una de las agrupaciones que encabezan el movimiento–, señaló que en siete años la organización ha promovido 35 demandas colectivas en representación de casi 15 mil familias afectadas.

“Es neocolonialismo puro: una empresa española extrayendo la riqueza de una ciudad costera de América Latina mientras sus habitantes tienen muy pocas herramientas para defender su derecho humano al agua a precio justo”, expuso.

Detalló que, debido a que la empresa Grupo MAS ha impuesto recargos y multas abusivas, existen usuarios con adeudos de entre 100 mil y 900 mil pesos, pese a sufrir cortes del suministro o recibir agua turbia. Añadió que Grupo MAS opera sin legitimidad, pues desde su inicio careció de los certificados de calidad exigidos por el reglamento de la Ley General de Salud.

La concesión por 30 años (vigente hasta 2046) data de junio de 2015, cuando se otorgó al consorcio integrado por Odebrecht Ambiental e InterAgbar.

A la salida de la firma brasileña en 2021, el socio mayoritario quedó bajo el control de empresas vinculadas a Acciona –corporativo investigado en España en el caso Koldo por presuntas comisiones irregulares en obra pública–.

De acuerdo con el Instituto Metropolitano del Agua (IMA), Grupo MAS ha cobrado más de 11 mil millones de pesos durante la vigencia del contrato.

El pasado 19 de octubre, el ayuntamiento denunció a la concesionaria ante la Fiscalía General del Estado. La querella pide investigar pagos por 176.7 millones de pesos realizados entre 2024 y 2025 a firmas ligadas a Acciona, así como salarios a directivos de hasta 5.8 millones de pesos anuales.

Se reportó que el IMA rechazó una cartera vencida por 2 mil 660 millones de pesos que Grupo MAS pretendía cobrar a más de 82 mil familias, al detectar inconsistencias y falta de sustento legal.

“El acceso al agua es un derecho reconocido en nuestra Constitución. Por eso debemos alzar la voz a favor de las familias, de su salud, bienestar y dignidad”, indicó Rivera tras insistir en que persisten las fallas y el mal servicio en el puerto.

Entre otras organizaciones que han expresado su inconformidad con el servicio de la empresa están el Sindicato Teniente José Azueta, del extinto Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo; el Colectivo Mujeres Restaurando el Ecosistema, Guardianes del Ecosistema, así como la Asociación Civil Fuerza Ciudadana Boca del Río.

Con información de Alejandro Alegría, del diario LA JORNADA