La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el delito de extorsión se ha consolidado como una de las principales amenazas para la actividad empresarial en el país, al concentrarse de manera significativa en al menos cinco entidades federativas, entre ellas Veracruz, lo que revela fallas estructurales en la estrategia de contención del delito.
De acuerdo con la organización empresarial, durante el año pasado el 65.2 por ciento de las víctimas de extorsión se ubicaron en el Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz, entidades que concentran buena parte de la actividad económica nacional, pero también altos niveles de riesgo para los negocios.
Coparmex subrayó que la extorsión se ha convertido en uno de los costos más persistentes y dañinos para las empresas, ya que impacta directamente en las decisiones de inversión, encarece la operación cotidiana y limita la capacidad de crecimiento, especialmente de los pequeños y medianos negocios.
El panorama se agravó en 2025, cuando 20 de las 32 entidades del país registraron un aumento anual en este delito, lo que significa que en casi dos tercios del territorio nacional la extorsión creció respecto al año previo.
La organización alertó sobre incrementos particularmente alarmantes en estados como Tlaxcala, con un aumento de 1,300 por ciento; Chiapas, con 364.3 por ciento; Ciudad de México, con 264.4 por ciento; Nayarit, con 171.4 por ciento; Yucatán, con 100 por ciento, y Puebla, con 84.4 por ciento.
Coparmex señaló que sus mediciones coinciden con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), los cuales confirman que la extorsión se ha convertido en un delito estructural, sin señales claras de contención efectiva por parte de las autoridades.
Datos de DataCoparmex, a través del indicador #MásSeguridad, revelaron que el 46.8 por ciento de las empresas fueron víctimas de al menos un delito, siendo la extorsión el segundo ilícito con mayor incidencia. Además, el 68.8 por ciento de los casos ocurrió vía telefónica y en 31.2 por ciento de las denuncias el cobro estuvo vinculado con alguna autoridad o personas con apariencia de autoridad, lo que profundiza el daño económico y erosiona la confianza institucional.
