El Congreso de la Unión aprobó la reforma que reduce de manera progresiva la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales, iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum con el argumento de mejorar la calidad de vida de la población trabajadora sin afectar salarios ni prestaciones.
El dictamen fue avalado por la Cámara de Diputados con 411 votos a favor y 58 en contra, tras más de ocho horas de discusión en el pleno. El Senado de la República había aprobado previamente la minuta a inicios de mes, por lo que ahora el proyecto será remitido a los congresos estatales para su validación constitucional.
Aplicación gradual hasta 2030
El decreto establece que la reducción será progresiva a partir de 2027, con una disminución de dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030. Durante 2026 se implementará un periodo de adecuación para que empleadores y trabajadores ajusten procesos productivos y contratos.
Asimismo, se fija un límite máximo de 12 horas extraordinarias por semana, distribuidas en no más de cuatro horas diarias y hasta cuatro días. La reforma también prohíbe que menores de 18 años realicen jornadas extraordinarias.
Pese a la reducción del tiempo laboral, se mantiene la disposición de al menos un día de descanso por cada seis días trabajados. La mayoría legislativa rechazó la propuesta de la oposición para establecer dos días obligatorios de descanso.
Impacto y posiciones
El Gobierno federal estima que la reforma beneficiará de manera directa a 13.5 millones de trabajadores, aunque proyecciones independientes calculan que podría impactar hasta a 30 millones de empleados.
Con esta modificación, México se alinea con países que operan bajo esquemas de entre 35 y 40 horas semanales. En América Latina, Chile, Colombia, Brasil y República Dominicana han aplicado reducciones similares.
Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad, señaló que la gradualidad permitirá a las empresas adaptarse sin comprometer su estabilidad financiera. En contraste, Manuel Montoya Ortega, director del clúster automotriz de Nuevo León, advirtió que la reforma podría elevar los costos operativos.
La iniciativa requerirá ahora el aval de la mayoría de los congresos locales para su entrada en vigor definitiva. De concretarse, representará uno de los ajustes más significativos al régimen laboral mexicano en las últimas décadas.
Con información de AP.
