Xalapa, Veracruz, 6 de mayo de 2026.- El abogado electoral Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo presentó demanda de amparo indirecto ante la justicia federal, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho constitucional de revocación de mandato en el estado de Veracruz.
El juicio fue promovido en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, del Congreso del Estado de Veracruz, del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como parte del contexto estructural de ineficacia del derecho.
El amparo sostiene que existe una omisión legislativa prolongada que ha convertido en materialmente imposible el ejercicio del derecho de revocación de mandato reconocido en el artículo 35 de la Constitución.
Actualmente, el Congreso local dispone únicamente de aproximadamente 55 días para emitir la ley secundaria correspondiente, antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones. De no hacerlo, la ciudadanía veracruzana podría quedar imposibilitada en los hechos para activar dicho mecanismo de democracia participativa durante el actual sexenio.
La demanda advierte que el destino del derecho constitucional de más de 6.1 millones de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Veracruz quedará ahora en manos de un juez de distrito federal, quien deberá determinar si el Estado puede mantener un derecho constitucional únicamente en el papel, sin permitir su ejercicio efectivo.
El juicio plantea que ya no se trata de una simple omisión legislativa, sino de una “omisión estructural del Estado”, en la que concurren diversos órganos públicos mediante dilaciones, formalismos y simulaciones de cumplimiento.
Asimismo, se argumenta que las autoridades electorales y jurisdiccionales han permitido una situación de incertidumbre jurídica, pese a que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en precedentes federales, fijó plazos perentorios para legislar en materia de revocación de mandato.
El escrito también invoca criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente el precedente de Jorge Castañeda Gutman contra el Estado mexicano, en donde se estableció que los derechos políticos deben contar con recursos judiciales efectivos y no meramente formales.
En ese sentido, el promovente advirtió que, si el sistema jurídico mexicano continúa negando una tutela judicial efectiva, la ruta que quedará abierta será acudir ante la Comisión y posteriormente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al estimarse vulnerados los derechos políticos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“El problema ya no es únicamente legislativo. El problema es que el Estado mexicano no puede reconocer un derecho constitucional y al mismo tiempo impedir su ejercicio mediante omisiones y simulaciones institucionales”, sostuvo Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo.
El juicio de amparo fue presentado este día ante un juzgado federal en el estado de Veracruz.
