Cerrar el expediente de la tragedia del Tren Interoceánico costó 281 millones 868 mil pesos, monto que corresponde a la indemnización a 145 víctimas y familiares, pero sin un solo funcionario, empresario y proveedor en la cárcel a pesar de los señalamientos sobre de corrupción y anomalías que rodearon a esta obra insignia de la 4T.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía General de la República (FGR) obtenido por el reportero Ignacio Alzaga, del diario La Aurora, esta fue la cantidad de dinero que se cubrió para “extinguir la acción penal” a través de acuerdos reparatorios a los que llegó el gobierno con los afectados tras el descarrilamiento del tren ocurrido el 28 de diciembre de 2025.
La “reparación de daño integral” incluyó a las 14 personas fallecidas y 104 que resultaron lesionadas en el siniestro registrado a las 9:38 horas en el kilómetro Z 230+290 tramo Chivela Nizanda, del municipio de Asunción Ixtaltepec, en el estado de Oaxaca.
Según el reporte oficial, la indemnización más alta individual para deudos y afectados ascendió a 10 millones de pesos, mientras que la menor fue de 250 mil pesos.
La entrega de más de 281 millones de pesos que se realizó con el apoyo de facilitadores del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias permitió a la FGR dar por concluida la investigación oficial sobre el desastre sin detenidos.
Aunque especialistas advirtieron que la tragedia derivó de graves fallas estructurales del proyecto del Tren Interoceánico, locomotoras chatarra, trazos que datan del Porfiriato y material rodante inadecuado, la Fiscalía atribuyó la causa al exceso de velocidad.
Únicamente culpó al conductor del tren, Felipe de Jesús Díaz Gómez; al jefe de despachadores Ricardo Mendoza Cerón, quienes ya están libres; y al maquinista Emilio Erasmo Canteros, quien escapó y no fue aprehendido. A todos ellos se les imputaron los delitos de homicidio y lesiones culposas.
A pesar de las irregularidades detectadas en seis expedientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de señalamientos contra personajes como el “supervisor honorífico” de las obras del Tren Interoceánico, Gonzalo “Bobby” López Beltrán –hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador– toda la responsabilidad recayó en los tres empleados.
El 8 de abril de 2026, la fiscal general de la república, Ernestina Godoy Ramos, informó que el Ministerio Público de la Federación “agotó todas las líneas de investigación posibles”.
“En lo que se refiere a los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y de ejercicio indebido del servicio público, lo descartamos con base en la información de la empresa ferroviaria, seis auditorías de la ASF, expedientes de la Secretaría Anticorrupción… y lo demás relativo a 41 contratos públicos relacionados con la vía, adquisición de material moviente y el mantenimiento a ambos, en todos los casos sin observaciones penales que denunciar por parte de ambas dependencias”, dijo entonces.
Señaló que la reparación integral del daño a 145 personas –114 adultos y 31 menores– derivó en la “consecuente extinción de la acción penal”.
