Del TLCAN al nuevo T-MEC
Por Gabriel García-Márquez
Hay decisiones que cambian el rumbo de un país. Una de ellas ocurrió hace más de treinta años, cuando México decidió integrarse comercialmente con Estados Unidos y Canadá mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Aquella firma, impulsada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, representó una transformación económica sin precedente: llegaron inversiones millonarias, crecieron las exportaciones y el país se convirtió en una potencia manufacturera estrechamente vinculada con la economía estadounidense.
Por cierto, aquella apertura también tuvo costos. Miles de pequeños productores agrícolas y numerosas industrias nacionales no lograron competir en igualdad de condiciones y desaparecieron. Sin embargo, el balance general fue favorable. México multiplicó sus exportaciones, fortaleció sectores como el automotriz, el electrónico y el aeroespacial, y millones de empleos comenzaron a depender de esa relación comercial.
Veinticinco años después, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al TLCAN como un acuerdo desventajoso para su país y exigió renegociarlo. El resultado fue el nacimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, que entró en vigor el 1 de julio de 2020 con nuevas reglas de origen, mayores exigencias laborales y ambientales, normas para el comercio digital y mecanismos más modernos para resolver controversias.
Pienso que, lejos de representar un retroceso, el T-MEC permitió preservar el acceso preferencial de los productos mexicanos al mercado más importante del mundo. Sin embargo, la reciente decisión de mantener el tratado vigente hasta 2036, pero sujeto a revisiones anuales, inaugura una etapa completamente distinta.
DE LA APERTURA COMERCIAL AL NUEVO ESCENARIO
Toda vez que las inversiones de gran escala se planean para periodos de diez o veinte años, la incertidumbre puede convertirse en el principal obstáculo para el crecimiento económico. Las empresas no solamente analizan costos de producción; también evalúan la estabilidad jurídica, la certeza regulatoria y la confianza que ofrece un país antes de decidir dónde instalar una nueva planta.
El nuevo esquema permitirá revisar cada año temas tan sensibles como las reglas de origen, el contenido regional, el acero, el aluminio, la energía, la agricultura, la industria farmacéutica, los semiconductores, la inteligencia artificial y la creciente presencia de China en las cadenas de suministro de Norteamérica. En otras palabras, México vivirá bajo una negociación prácticamente permanente.
Mientras tanto, el reto para el gobierno mexicano será demostrar que puede ofrecer aquello que sí depende de sus propias decisiones: Estado de derecho, seguridad pública, energía suficiente, infraestructura moderna, simplificación administrativa y respeto a las inversiones privadas. La confianza no se construye con discursos, sino con instituciones sólidas y reglas claras.
LA INCERTIDUMBRE TAMBIÉN CUESTA EMPLEOS
El impacto de esta nueva etapa comenzará a sentirse en las grandes empresas. Corporativos como Volkswagen y otras armadoras instaladas en México enfrentan un entorno internacional cada vez más complejo. Algunas ya han reducido turnos de producción, pospuesto proyectos de expansión o ajustado sus plantillas laborales. Si bien estos movimientos obedecen también a la transición hacia los vehículos eléctricos, la automatización, la competencia asiática y la desaceleración económica mundial, la incertidumbre derivada de las revisiones del T-MEC puede acelerar decisiones que afecten el empleo.
Y cuando una gran empresa reduce operaciones, las consecuencias no se limitan a sus trabajadores. Detrás de cada planta existe una extensa red de proveedores, transportistas, talleres, comercios y prestadores de servicios cuya actividad depende del dinamismo industrial. Un recorte de personal en una armadora puede convertirse en una cadena de afectaciones para cientos de pequeñas empresas y para miles de familias que dependen directa o indirectamente de esa actividad.
EL DESAFÍO DE COMPETIR EN UN MUNDO DISTINTO
Precisamente ahí aparece otro de los grandes retos. Las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas deberán prepararse para competir en un entorno mucho más exigente. Ya no bastará producir barato; será indispensable invertir en tecnología, automatización, inteligencia artificial, certificaciones internacionales, capacitación y digitalización. El futuro pertenecerá a quienes sean capaces de integrarse a las cadenas globales de valor con altos estándares de calidad y productividad.
Por cierto, esta coyuntura también obliga a fortalecer el mercado interno. Durante décadas México concentró buena parte de su estrategia económica en las exportaciones hacia Estados Unidos. Hoy resulta indispensable desarrollar más proveedores nacionales, incentivar el consumo interno y aprovechar los acuerdos comerciales con Europa y Asia, sin perder de vista que nuestro principal socio seguirá siendo Estados Unidos.
Pienso que México conserva ventajas competitivas difíciles de igualar: una ubicación geográfica privilegiada, experiencia manufacturera, mano de obra calificada y una integración productiva que beneficia tanto a empresas mexicanas como estadounidenses. Esa interdependencia hace poco probable una ruptura del tratado, pues también tendría elevados costos para la economía de nuestro vecino del norte.
Sin embargo, esas ventajas ya no bastan. Otros países también buscan atraer las inversiones que hoy dudan entre instalarse en México o migrar hacia mercados con mayor certidumbre. La competencia ya no se limita a ofrecer salarios bajos; ahora se gana con instituciones confiables, energía suficiente, infraestructura eficiente y un marco legal que dé seguridad a quienes arriesgan su capital.
Pienso que México se encuentra nuevamente ante una decisión histórica. Así como hace más de tres décadas el TLCAN obligó al país a abrir su economía y a competir en los mercados internacionales, la nueva etapa del T-MEC exige algo todavía más complejo: aprender a vivir bajo una revisión permanente. Eso significa que ya no bastará con aprovechar nuestra ubicación geográfica; será indispensable fortalecer nuestras instituciones, garantizar seguridad jurídica, invertir en infraestructura y generar confianza para que el capital nacional y extranjero siga apostando por nuestro país.
Mientras tanto, las empresas mexicanas tendrán que reinventarse. Las grandes corporaciones buscarán mayor eficiencia para enfrentar un entorno global cada vez más competitivo, y las micro, pequeñas y medianas empresas deberán incorporarse a las nuevas tecnologías, elevar su productividad y convertirse en proveedoras de cadenas de valor cada vez más exigentes. Quien no evolucione, difícilmente podrá mantenerse en el mercado.
Por cierto, las revisiones anuales del T-MEC no deben verse únicamente como una amenaza. También representan una oportunidad para corregir viejas deficiencias que durante años frenaron el desarrollo nacional: la inseguridad, la incertidumbre regulatoria, la falta de infraestructura, el rezago energético y la excesiva burocracia. Si México logra atender esos pendientes, no solo conservará su posición como socio estratégico de América del Norte, sino que podrá atraer nuevas inversiones y fortalecer su mercado interno.
Toda vez que el futuro económico de la nación dependerá menos del texto de un tratado y más de las decisiones que tomemos dentro de nuestras propias fronteras, el verdadero desafío ya no está en Washington ni en Ottawa. Está en México. Ahí se decidirá si esta nueva etapa del T-MEC se convierte en un freno para el crecimiento o en el impulso que el país necesita para consolidar una economía más competitiva, más moderna y fuerte. Ese será, sin duda, el examen más importante para México en la próxima década.
