La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó a la LXVII Legislatura local el desafuero de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y de Úrsulo Galván, Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero, ambos de Movimiento Ciudadano (MC); en el caso del munícipe sureño, según trascendió, sería por su presunta implicación en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, mientras que del otro edil del partido naranja aún no se sabe el motivo, dada la confidencialidad del proceso judicial.
De acuerdo con la versión que publicó en exclusiva en su edición de este miércoles el diario porteño NOTIVER, ambos presidentes municipales ya fueron notificados sobre las investigaciones ministeriales en su contra.
De acuerdo con la publicación periodística, la FGE informó a la Comisión Instructora del Congreso del Estado que un testigo supuestamente escuchó al munícipe de Ixhuatlán del Sureste comunicarse con un líder criminal de la zona para indicarle que privara de la libertad a la comunicadora, argumentando que Roxana Guzmán poseía una fotografía en la que el edil aparecía portando un arma larga.
Tras ser notificados formalmente, los alcaldes de MC cuentan con un plazo de siete días hábiles –el cual vence el martes de la próxima semana– para presentar su defensa por escrito o comparecer directamente ante los diputados miembros de la Comisión Instructora. Y una vez que concluya dicho término perentorio, esa instancia legislativa fijará la fecha para la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, a fin de continuar con la integración de los expedientes.
Posteriormente, los diputados de dicha Comisión evaluarán la documentación y los argumentos presentados para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen el desafuero de ambas autoridades municipales electas en 2025 para que enfrenten el requerimiento penal abierto en su contra por la Fiscalía General del Estado.
