El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) requerirá un presupuesto cercano a los 13 mil millones de pesos para cumplir en 2027 con sus obligaciones y garantizar el pago oportuno de jubilaciones y pensiones, advirtieron sindicatos de trabajadores activos y organizaciones de pensionados.
Durante una conferencia de prensa, representantes de las agrupaciones señalaron que, de no contar con los recursos suficientes, podrían generarse retrasos en los pagos y una nueva etapa de movilizaciones por parte de los derechohabientes.
Raúl Augusto Maldonado Loeza, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado (STIPE), planteó la necesidad de que el Congreso del Estado incremente al menos en 400 millones de pesos el presupuesto destinado a la institución para el ejercicio fiscal de 2027.
El dirigente sindical llamó al Gobierno del Estado y al Poder Legislativo a garantizar la seguridad social de más de 38 mil pensionados, así como de miles de trabajadores en activo que cotizan ante el Instituto.
Los representantes sindicales manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que los recursos aprobados para el IPE resulten insuficientes para cubrir las obligaciones que enfrentará la institución durante el próximo año.
Las organizaciones también reiteraron su respaldo al sistema solidario de pensiones y rechazaron cualquier intento de sustituirlo por un esquema de cuentas individuales.
En ese sentido, demandaron al gobierno encabezado por Rocío Nahle García mantener el actual modelo pensionario y conservar su responsabilidad solidaria ante el Instituto de Pensiones del Estado.
Respecto a los recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), señalaron que éstos pueden ser utilizados para cubrir el pago de pensiones.
Recordaron que dichos recursos fueron destinados al IPE durante la administración estatal anterior y advirtieron que, en caso de no contar con ellos, correspondería al Gobierno del Estado aportar los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pensionarias.
Los dirigentes alertaron que un eventual incumplimiento en los pagos podría provocar protestas y movilizaciones, como ocurrió durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.
Recordaron que, derivado de aquella crisis, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 32/2018, mediante la cual se planteó la obligación de garantizar el pago oportuno de las prestaciones de seguridad social.
También mencionaron la recomendación 16/2017 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, dirigida al IPE y a la Secretaría de Finanzas y Planeación, con medidas orientadas a evitar afectaciones en el pago de pensiones.
El posicionamiento fue respaldado por el STIPE, la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados de Veracruz, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIRT), así como el Sindicato Solidaridad Urbana de Trabajadores Municipales al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa, FATEV-CAT.
