Xalapa, Ver.- A siete años del ataque armado al bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, que dejó un saldo de 34 personas fallecidas, la Fiscalía General del Estado (FGE) aceptó la Recomendación 030/2025 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), relacionada con la investigación de estos hechos.
La presidenta de la CEDH, Minerva Regina Pérez López, confirmó que dicha recomendación, que inicialmente había sido rechazada, fue finalmente aceptada por la actual administración encabezada por la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
Con esta aceptación, la FGE deberá cumplir con una serie de medidas, entre ellas la reparación integral del daño a los deudos de las víctimas, la emisión de una disculpa pública, el inicio de procedimientos administrativos para determinar responsabilidades y el reconocimiento formal de la calidad de víctimas.
Pérez López destacó la disposición reciente de la Fiscalía para atender las recomendaciones del organismo, señalando que este cambio responde a la nueva titularidad en la dependencia.
“Es importante reconocer cuando hay voluntad de las autoridades y a raíz del cambio que hubo en la Fiscalía se ha tenido un nivel de aceptación alto de nuestras recomendaciones”, expresó.
Asimismo, informó que la Fiscalía cuenta con un plazo de 15 días hábiles para presentar un informe detallado sobre las acciones que emprenderá para dar cumplimiento a los puntos recomendatorios.
“En un lapso de 15 días hábiles nos tienen que mandar un oficio con las acciones que van a realizar y los tiempos estimados para dar cumplimiento a cada uno de los puntos”, puntualizó.
El ataque al bar Caballo Blanco ocurrió el 27 de agosto de 2019, cuando un grupo armado incendió el establecimiento tras rociarlo con gasolina y bloquear las salidas, impidiendo que clientes y empleados escaparan.
A siete años de los hechos, las familias de las víctimas continúan exigiendo justicia y garantías de no repetición.
Cabe recordar que en ese momento el titular de la FGE era Jorge Winckler Ortiz, actualmente recluido en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec. El pasado 28 de marzo de 2026 fue vinculado a proceso por un juez, acusado del delito de tortura en agravio de Gilberto Aguirre Garza, exdirector de Servicios Periciales durante la administración estatal 2010-2016.
