“Violar la ley tiene consecuencias”, señaló ayer la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno al informar que, de enero a junio, sancionó a 226 servidores públicos con nivel de mando en el gobierno federal por faltas administrativas no graves, con medidas que van desde amonestaciones públicas y privadas hasta destituciones.
De acuerdo con el reporte correspondiente al segundo trimestre de 2026, la dependencia a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez también remitió 416 expedientes por faltas graves al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para su resolución.
Las 226 sanciones derivaron de 252 expedientes por investigaciones de faltas no graves: 242 por incumplimiento de las funciones encomendadas, nueve por abuso de cargo y una por abuso de funciones relacionadas con acoso u hostigamiento sexual o laboral.
CINCO DESTITUCIONES
La dependencia detalló que las sanciones consistieron en 149 suspensiones, 55 inhabilitaciones, 43 amonestaciones públicas o privadas y cinco destituciones.
Las personas sancionadas ocupaban 10 cargos de titular de unidad, ocho de dirección general, 45 de dirección de área, 33 de subdirección y 130 de jefatura de departamento.
“Cabe destacar que las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta; por ello, una persona servidora pública puede recibir más de una sanción y, esta, tiene derecho a impugnar la resolución, y en caso de hacerlo, la secretaría defenderá con firmeza la pena”, señaló la secretaría.
Con información del diario LA JORNADA
