Los diputados petistas Maribel Martínez y José Alejandro López, además del dirigente del PT en Oaxaca, Benjamín Robles, presentaron ante el Senado una solicitud de desaparición de poderes en esa entidad, debido a la “crisis acumulada de seguridad, gobernabilidad y confianza pública”, de la cual responsabilizaron al gobernador morenista Salomón Jara.
En conferencia de prensa en San Lázaro, Martínez Ruiz subrayó que entre las causas de la solicitud está la práctica del mandatario local de obstaculizar el ejercicio del poder de presidentes municipales, “particularmente donde los ayuntamientos son dirigidos por mujeres”, para obligarlos a aceptar administradores que manejan los recursos de las alcaldías.
Por su parte, Robles reiteró que “el gobierno estatal está coludido con el crimen organizado”, y destacó que uno de los supuestos manejos ilícitos de Jara Cruz con fondos públicos es el de la nómina del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Según el ex diputado federal, los fondos de ese organismo “no son para apoyar la educación, sino para pagarle a sicarios y aplaudidores”, por lo que pidió que la Auditoría Superior de la Federación practique una auditoría forense en el IEEPO, aunque no descartó que las irregularidades también abarquen a los colegios de Bachilleres y de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca.
Robles afirmó que el gobernador habría permitido que algunos regidores, síndicos y alcaldes cobren un sueldo como funcionarios municipales, y otro como supuesto “personal educativo”, pero en escuelas que están “del otro lado del estado. La nómina de este sector parece que es la caja chica de Salomón Jara, y eso amerita sanciones graves”.
Por separado, la diputada petista Martha Aracely Cruz Jiménez refirió que Fernanda Chávez Cruz y Anahí Sarmiento Pérez, recién nombradas al frente del IEEPO y de la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca no cumplen con el perfil que requieren esos cargos.
“No tenemos nada en contra de las mujeres, pero no debemos permitir que estos espacios sean cuotas de amistades. Ellas aceptan un puesto para el que no están capacitadas, y ese es un primer acto de corrupción”, enfatizó la legisladora.
Incluso afirmó que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación “hay ministras sin una pizca de capacidad, y lo vemos cuando se equivocan”.
Con información del diario LA JORNADA
