El ecuatoriano Juan Pablo Albán Alencastro, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, defendió ayer martes la decisión de ese órgano de solicitar la intervención de la Asamblea General de la ONU para atender la situación en México.
Al presentar su informe anual ante la Tercera Sección de la Asamblea, en Nueva York, el sudamericano remarcó que, para el CED, existen indicios fundados de la comisión de desapariciones forzadas –tipificadas como crímenes de lesa humanidad– en el País y de la persistencia de esta práctica hasta el día de hoy.
El Comité, expuso, llegó a esa conclusión, tras examinar la información proporcionada por el Estado mexicano, las aportaciones de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil, junto con los antecedentes recopilados desde 2012, momento en que se inició el procedimiento.
En abril de este año decidió aplicar por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, explicó Albán, para someter la situación a examen de la Asamblea General con carácter de urgencia.
“Esta decisión no constituye una determinación de la responsabilidad internacional del Estado mexicano; asimismo, el Comité no halló indicios fundados de la existencia de una política a nivel federal orientada a la comisión de desapariciones forzadas. Ya sea mediante una acción deliberada o por omisión”, destacó.
“Reconocemos los esfuerzos realizados por las autoridades mexicanas, sin dejar de señalar la persistencia de graves problemas estructurales que requieren atención”.
El artículo 34, añadió el presidente del CED, constituye un mecanismo preventivo excepcional que permite dar la voz de alarma y está diseñado para movilizar la atención y la cooperación internacionales ante situaciones de especial gravedad.
“Al aplicarlo, el Comité ejerció las competencias o facultades que los propios Estados le han conferido a través de la Convención”, sostuvo.
Ahora, mencionó, corresponde a la Asamblea examinar las oportunidades de cooperación, movilización y apoyo internacionales que este procedimiento puede ofrecer para ayudar a México.
“México podría considerar esto beneficioso en ámbitos como la búsqueda, la investigación, el esclarecimiento de la verdad, la investigación forense y la protección de las víctimas y sus familias”, aseguró.
“El Comité ya ha formulado propuestas concretas para orientar dicha cooperación internacional; por nuestra parte, reafirmamos, como hago ahora mismo, nuestro compromiso de seguir colaborando con México, tanto a través de los procedimientos habituales como mediante el mantenimiento de un diálogo constructivo con las autoridades mexicanas y la sociedad civil”.
FELICITA LA ONU A MÉXICO POR EL HALLAZGO DE 16 MIL DESAPARECIDOS
El Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) volvió a solicitar públicamente que la situación de las personas desaparecidas en México sea examinada por la Asamblea General del organismo y señaló que su decisión ya produjo “un primer resultado”, pues de acuerdo con el Estado mexicano, durante 2026 han sido localizadas 16 mil personas, de las más de 130 mil que permanecen desaparecidas, según cifras oficiales.
“Felicitamos por estos avances”, expresó el presidente del CDF, Juan Pablo Albán, durante la presentación de su informe anual ante la tercera comisión de la Asamblea General de la ONU. No obstante, pidió que los procesos de cooperación internacional que México ha impulsado con países como España y Alemania, así como con organismos internacionales, “se mantengan a través del tiempo” y se extiendan también al comité.
Albán compareció ante la tercera comisión, en Nueva York, donde informó sobre la activación, por primera vez, del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en relación con México. El objetivo es que la situación del país sea discutida en el pleno de la Asamblea General y pueda recibir apoyo internacional, circunstancia que esta vez no se dio.
MÉXICO RECHAZA APOYO INTERNACIONAL
Durante la sesión, el Estado mexicano también intervino para reiterar su rechazo a la interpretación del comité “sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la convención”. Al mismo tiempo, sostuvo que el país mantiene una política de apertura, diálogo y cooperación internacional.
La delegación mexicana, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, afirmó que el Estado “no consiente ni tolera” la desaparición de personas. La búsqueda, sostuvo, “no se detiene”, y agregó: “Reconocemos el dolor de las madres y familias buscadoras. Atender este delito es una prioridad nacional”.
Medina destacó que México cuenta con una coordinación “sin precedente” entre autoridades federales y estatales, además de una amplia colaboración con organizaciones y organismos internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También mencionó la cooperación con países como Noruega y Guatemala.
Ante los representantes de los estados miembros que siguieron la sesión, transmitida por Internet, el funcionario señaló que, mientras en el pasado la desaparición forzada era ordenada desde las altas esferas del poder político, actualmente estos delitos son cometidos principalmente por grupos delictivos y, en algunos casos, por autoridades municipales. “Nuestro compromiso es claro: encontrar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de las familias”, afirmó.
INDICIOS DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
Previamente, Albán recordó que, en abril de 2026, tras examinar diversas informaciones, el comité concluyó que “existen indicios bien fundados de la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y de la persistencia hasta la actualidad de esa práctica” en México.
El presidente del CDF precisó que esta determinación no establece por sí misma la responsabilidad internacional del Estado mexicano y que el comité no encontró indicios fundados de una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas.
Asimismo, señaló que corresponde a la Asamblea General valorar las posibilidades de movilización, cooperación internacional y apoyo para auxiliar a México, si el país así lo considera necesario, en tareas de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad, atención a la crisis forense y protección de las personas afectadas.
Más tarde, a través de redes sociales, Albán pidió que el asunto no se diluya en la ONU “entre cálculos políticos y consideraciones diplomáticas”. También lamentó que un grupo de familiares de personas desaparecidas que asistió a la sesión fuera retirado de la sala después de mostrar fotografías de sus seres queridos.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, también informó en redes sociales sobre la participación de Arturo Medina ante la ONU.
ONG PIDE TRABAJO GLOBAL CONTRA FLAGELO
Organizaciones civiles y colectivos de familiares de personas desaparecidas respaldaron el trabajo del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) sobre la crisis de desapariciones en México y celebraron que la situación del país haya sido incorporada a la agenda de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Ante este escenario, instaron al Estado mexicano a abordar el procedimiento de manera constructiva.
El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Idheas, la Federación Internacional por los Derechos Humanos y los colectivos Familias Unidas por Nayarit y Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos, entre otras organizaciones, también hicieron un llamado a los estados miembros de la Asamblea General para que diseñen un mecanismo que garantice una amplia participación de las víctimas en el análisis de la situación mexicana.
“La asistencia técnica internacional puede ser una oportunidad central para fortalecer la investigación y procesamiento de las desapariciones forzadas, especialmente, el tratamiento de los patrones de colusión de servidores públicos y el crimen organizado”, señalaron en conjunto.
Las organizaciones advirtieron que la investigación efectiva de las distintas formas de connivencia, participación, aquiescencia u omisión de las autoridades públicas en la comisión de estos crímenes es una tarea pendiente. Esta situación, señalaron, “no sólo ha reforzado su impunidad estructural, sino que ha incidido en su repetición”.
Afirmaron que la violencia ejercida por el crimen organizado constituye un problema de alcance internacional, por lo que consideraron necesario avanzar en la construcción de una alianza mundial “a favor de la vida y en contra de las políticas de terror, muerte y guerra”.
Insistieron en que es urgente que el Estado mexicano reconozca que la cooperación internacional, sustentada en los estándares de derechos humanos, puede fortalecer las acciones para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, sin menoscabo de la soberanía nacional ni de la seguridad humana.
Con información de los diarios REFORMA y LA JORNADA
