Por José Luis Rumbaut López
SUMARIO: Una nueva ley que contiene una propuesta de reforma diferente comparada con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente vigente, se discute en estos dias en la cámara de diputados, y podría ser importante para la restauración de los manglares mexicanos.
Tengo una costumbre que el oficio de periodista me dejó pegada como la sal a la piel: no me conformo con los resúmenes. Si alguien me dice que una ley cambia las cosas, quiero ver dónde y cómo. Por eso me senté a leer completas las 217 páginas de la iniciativa con la que el Ejecutivo propone una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la que sustituiría a aquella de 1988 que, a fuerza de remiendos, ya parecía rompecabezas jurídico desarticulado.
Confieso que no la leí como abogado (no lo soy, y a estas alturas no pienso serlo). La leí con los pies todavía mojados de la ribera norte de la Laguna Grande de Mandinga, en Veracruz; donde durante 44 meses trabajamos con la gente del ejido Herón Proal para devolverle al manglar algo de lo que le habíamos quitado. En agosto pasado, el Fondo Golfo de México nos entregó la carta que da por concluido el subproyecto de manera satisfactoria. Un papel que se agradece. Pero el manglar no lee cartas, y tampoco va a leer esta ley. Nos toca leerla por él.
LO QUE TRAE LA LEY, SI LA APRUEBAN
La iniciativa está en la Cámara de Diputados desde el 1 de septiembre. Todavía tiene que pasar comisiones, pleno y Senado, y ya sabemos que en ese camino las leyes engordan o adelgazan según quién las empuje. Pero el texto que hoy existe trae cosas que quienes trabajamos en restauración llevamos años pidiendo.
La primera es casi filosófica: la ley deja de ser solo de preservación y se declara reglamentaria de la restauración ambiental. Parece un matiz de redacción. No lo es. Durante décadas restaurar fue una actividad tolerada, a veces sospechosa, casi siempre tramitada como si fuera una obra más. Ahora la restauración sería de utilidad pública, con definición propia, un programa nacional y zonas que se pueden decretar.
La segunda nos toca directo. El artículo 48 nombra a los manglares, las lagunas costeras, los esteros y las selvas inundables como ecosistemas de alta prioridad, y dice por primera vez en una ley general lo que en Mandinga vemos cada temporada de nortes: que estos ecosistemas son clave para la adaptación y la resiliencia frente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Lo que los pescadores saben por instinto, ahora lo sabrá el legislador por escrito.
La tercera es práctica. Los proyectos de restauración con aporte neto al ecosistema ya no necesitarían manifestación de impacto ambiental. Bastaría un aviso, con diagnóstico del sitio, indicadores verificables y reportes cada seis meses (artículo 50). Quien haya esperado meses un trámite para sembrar mangle sabe lo que eso significa.
Hay más. Principios de precaución y “a favor de la naturaleza” que obligan a la autoridad, en caso de duda, a decidir por la opción menos dañina. El reconocimiento de las personas defensoras ambientales. Una Procuraduría Federal de Justicia Ambiental en lugar de la PROFEPA. Y un registro de infractores donde, por cierto, entraría quien afecte el flujo hidrológico del manglar.
LO QUE APRENDIMOS EN MANDINGA
Cuando llegamos al ejido en 2022 creíamos, como muchos, que restaurar era sembrar. Pronto entendimos que sembrar es lo más fácil. Lo difícil es que lo sembrado llegue vivo al año siguiente, que el fuego no se lo coma, que las plagas no lo sequen, que alguien lo cuide cuando el técnico ya se fue a su casa. Por eso el proyecto terminó siendo mucho más que una plantación: brigadas comunitarias de monitoreo y manejo, brigadas contra incendios, control fitosanitario, escuelas de campo y vigilancia hecha por los propios habitantes. La ley nueva, cuando define la restauración como la recuperación de la funcionalidad y de los procesos del ecosistema, y no como una contabilidad de plantas, parece haber experimentado la misma lección.
Sería de mucha utilidad para los diputados escuchar las experiencias de los que se han dedicado por mucho tiempo a impedir que la presión del crecimiento urbano, la desidia que acompaña ciertos emprendimientos y el cambio climático afecten esa barrera natural imprescindible. Podrían visitar los manglares, o llevar el manglar al plenario.
Comprendimos en esos meses de trabajo en Veracruz que el manglar no se defiende solo, y que nadie lo defiende mejor que quien vive al lado. La iniciativa crea comités de observación ambiental con personas de la localidad acreditadas por la Procuraduría. La idea es buena, pero le pone requisitos que pueden convertir al vigilante en tramitador: capacitación oficial previa, no tener antecedentes de infracciones administrativas, competencias acreditadas. Y al final de todo eso, ninguna facultad. Nuestras brigadas funcionaron porque eran del ejido, no porque tuvieran credencial. Ojalá el reglamento no lo olvide.
Aprendimos que en un ejido donde el ganado es parte de la vida no se puede hablar del manglar sin hablar de la vaca. Por eso trabajamos la ganadería regenerativa. Aquí la ley ayuda más de lo que parece: pide que los ordenamientos ecológicos en tierras ejidales sean comunitarios y participativos, que se considere la reconversión productiva de las actividades agropecuarias y que los apoyos al campo premien las prácticas que no degradan el suelo. Si eso se cumple, la franja entre el potrero y el manglar podría dejar de ser una línea de guerra.
Y aprendimos que la conservación necesita una figura jurídica para sobrevivir al proyecto. La Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre “La Resurrección” es uno de los resultados que más nos enorgullecen. Pues bien, la ley nueva incluye a las UMA entre las Otras Medidas Efectivas de Conservación basadas en áreas, que se podrían reconocer, registrar y llevar a los instrumentos económicos. Dicho en cristiano: lo que nació como proyecto podría tener vida propia cuando el financiamiento se acabe.
Hubo algo más que no cabe en ningún indicador de sobrevivencia: la meta de que al menos la mitad de las personas capacitadas fueran mujeres. La iniciativa reconoce entre sus principios que la participación plena de las mujeres es esencial para el desarrollo sustentable. En Mandinga, además de principio, fue práctica, y funcionó.
DONDE LA LEY SE QUEDA CORTA
Pero no todo lo que brilla en el Diario Oficial es oro, y esta ley todavía ni siquiera llega al Diario Oficial.
El mismo artículo 50 que nos libraría de la manifestación de impacto ambiental prohíbe cualquier aprovechamiento comercial o turístico en los sitios restaurados por esa vía, y exige que quien restaura no tenga vínculos con actividades económicas en el lugar. Lo entiendo como un candado contra los vivos que disfrazan de restauración un desarrollo inmobiliario. Pero alrededor de la laguna la gente pesca, recibe visitantes, vive del agua. Si restaurar significa renunciar para siempre a cualquier uso, ¿quién va a querer restaurar? Ahí los diputados tienen tarea: distinguir el negocio depredador del aprovechamiento comunitario que hace sostenible la restauración.
Y no deben olvidar que el ecoturismo con actividades pasivas como la observación de aves y el senderismo son aliados inconmesubles de la restauración. Para proteger nuestros litorales no basta con la prohibición absoluta que a veces raya en la parálisis. La conservación en México debe transitar hacia esquemas donde el ecoturismo regulado actúe como un facilitador que dote de recursos a las brigadas comunitarias para limpieza de canales, monitorear la fauna y devolverle la vida a los manglares degradados
La segunda falla es más vieja que la ley: el dinero. El Programa Nacional de Restauración queda sujeto a “disponibilidad presupuestaria”, el propio decreto advierte que no habrá recursos adicionales, y las compensaciones ambientales irían a la Tesorería y no a un fondo para restaurar. Nuestro proyecto duró 44 meses porque hubo un fondo que lo financió. ¿Y después? Las brigadas siguen ahí, y el fuego también. Una ley que declara la restauración de utilidad pública y no le asigna un peso se parece demasiado a esas promesas que se hacen en campaña.
La tercera es el clima. La palabra adaptación aparece, se define, se declara de utilidad pública, pero no se traduce en ninguna obligación exigible. Del carbono azul, que es lo que podría convertir un manglar sano en ingreso para un ejido, ni una línea. Y el trabajo que hicimos sobre vulnerabilidad y alerta temprana en el sistema lagunar no encuentra en la iniciativa un instrumento donde engancharse; todo se remite a la Ley General de Cambio Climático, que en esto es más declaración que mandato.
Hay otras. Para pedir información ambiental habría que identificarse y explicar para qué se quiere (algo que el Acuerdo de Escazú, firmado por México, no exige). La consulta pública de los proyectos seguiría siendo opcional. Y las obras en humedales de zonas urbanas a menos de 200 metros de la costa quedarían fuera de la evaluación federal. Para una laguna que ve acercarse cada año la mancha urbana de la conurbación, ese detalle no es menor.
LO QUE MANDINGA YA SABÍA
En el Primer Foro de Restauración de Manglares en Veracruz expresaron varias de estas cosas en voz alta, y se entregaron como propuestas a las autoridades. No es soberbia reconocer que la iniciativa llega a conclusiones que en la ribera norte de la laguna de Mandinga ya habíamos sacado a golpe de botas enfangadas. Es la ventaja de los que hacen sobre los que escriben, aunque a mí me toque hacer las dos cosas.
Si la Cámara y el Senado aprueban esta ley, tendremos mejores herramientas. Si además escuchan a quienes la van a aplicar con el agua hasta las rodillas, tendremos una buena ley. El manglar, que lleva siglos adaptándose sin pedirle permiso a nadie, puede esperar un poco más. Lo que no puede es seguir esperando sin presupuesto.
José Luis Rumbaut López es comunicador y maestro en Gestión y Dirección Integrada de Proyectos. Fue responsable técnico del subproyecto de restauración de la ribera norte de la Laguna Grande de Mandinga, ejido Herón Proal (Proyecto RIOS, FMCN y Fondo Golfo de México, 2022 a 2026), y presidió el comité organizador del Primer Foro de Restauración de Manglares en Veracruz.
