- El coordinador de la bancada de Morena dijo que podrían revisarse los efectos de otorgar “facultades exorbitadas” a quienes dirigen órganos colegiados.
La decisión de darle “superpoderes” a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, para que designe funcionarios en ese organismo no fue un error, pero sí podrían revisarse los efectos de otorgar “facultades exorbitadas” a quienes dirigen instituciones, señaló el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
Del presunto conflicto de intereses de la consejera con proveedores del INE, el legislador aseguró que su grupo parlamentario no encubrirá ninguna posible irregularidad, pero tampoco se puede acusar sin pruebas, ni promover la remoción de ningún funcionario.
Sin embargo, “a lo mejor sí (se pueden revisar los “superpoderes”). Vamos a platicar con el grupo parlamentario (de Morena) y con los demás grupos, pero no es una mala idea; es aceptable que revisemos con seriedad el no otorgar facultades exorbitadas a ningún órgano colegiado”, señaló.
–¿Se equivocaron entonces al darle estos “superpoderes” a la presidenta del INE?, se le preguntó.
–No, yo creo que era un momento coyuntural y circunstancial que obedeció a otorgárselos, pero siempre la ley se está actualizando y modernizando y es momento de hacer una reflexión pública”.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) subrayó que su bancada “no va a proteger a nadie que haya cometido ilegalidades, irregularidades o actos de corrupción. No somos tapadera de nadie”.
Sobre las versiones que circularon ayer sobre la posible renuncia de Taddei, fuentes electorales indicaron que el propio Monreal pidió a su equipo un informe de los pasos que tendrá que dar la Cámara de Diputados ante un escenario de esa naturaleza, para la selección de la persona sustituta.
Ante la ausencia de la presidenta, las consejerías eligen entre ellas quien podría presidir de manera provisional; para la designación definitiva, los legisladores deben hacer todo el proceso: convocatoria, quinteta del comité técnico y elección en Diputados por dos tercios de los presentes.
Según distintas normas, dimita o no, la presidenta del INE puede ser sujeta a una investigación administrativa y otra penal, esta última previa autorización (procedencia) de San Lázaro. De resultar responsable, cabe la posibilidad del juicio político para proceder a su destitución. Así, el futuro de Taddei está en manos de la Cámara de Diputados, pues se requiere de su autorización (por mayoría absoluta de los presentes) para la procedencia de un juicio penal.
De confirmarse las irregularidades, podría ordenarse su separación temporal del cargo mientras dura el proceso, y aplicarse distintos artículos del Código Penal Federal (220, 217, 221, 222 y 223) relacionados con: ejercicio abusivo de funciones, relativo a autorizar o adjudicar contratos a empresas de un amigo cercano o de personas con las que tenga vínculos afectivos. En este caso, destaca el otorgamiento de una adjudicación directa por 197 millones a una de las empresas de los hermanos de José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Aparte, otros como uso ilícito de atribuciones y facultades; tráfico de influencia; cohecho (recibir beneficios del proveedor, en este caso festejos pagados, a cambio de actos relacionados con el cargo público), entre otros.
La denuncia debe presentarla el Órgano Interno de Control (OIC) –dependiente de la Cámara de Diputados– en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
En cuanto a las responsabilidades administrativas, el OIC debería revisar distintos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas relativos a actuación bajo conflicto de intereses (intervenir en contrataciones con un proveedor con quien tiene amistad); ocultamiento de conflicto (no declarar su vínculo con el proveedor); tráfico de influencias; cohecho; peculado o desvío de recursos, e incumplimiento de obligaciones, como no vigilar a sus subordinados.
Las sanciones por faltas no graves van desde amonestación hasta destitución e inhabilitación; mientras que, por faltas graves, el OIC investiga y sustancia, pero resuelve el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), una sanción de entre 30 a 90 días, destitución, sanción económica e inhabilitación.
CITAN A TADDEI EN LA SEGOB Y LA ASF
La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, tenía cita ayer en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en momentos en que esta última instancia informó de presuntas irregularidades en contratos otorgados por el órgano autónomo que preside.
Según fuentes electorales consultadas por el diario La Jornada, Taddei salió de su oficina para dirigirse a esas instancias, aunque al momento no hay datos oficiales, más allá del boletín de la ASF el cual deja en claro que “ya se cuenta con elementos” de indicios de irregularidades en contratación, además de posible conflicto de interés , colusiones y triangulación de recursos”.
Apenas en la sesión de consejo general de anteayer, Taddei dijo que no “claudicará” e insistió que se trata de ataques de fuerzas políticas para debilitar al INE.
Sin embargo, hasta el momento no ha explicado su relación con uno de los principales proveedores de materiales electorales en el país.
Desde mediodía, los accesos a la Secretaría de Gobernación estaban bloqueados por madres buscadoras.
Con información del diario LA JORNADA
